El diputado del BNG Henrique Viéitez ha denunciado este viernes que la Xunta intenta ahora "remendar", con el anuncio de un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE), su "ausencia" en la negociación del nuevo decreto del carbón, que ve "un tremendo desaguisado" del Gobierno central.

En una rueda de prensa, en la que compareció acompañado por el ex diputado Fernando Blanco Parga y otros representantes de la CIG en Meirama y As Pontes, Viéitez ha resaltado que la Xunta "llega tarde" para frenar el decreto, así como sus "perjudiciales consecuencias" para Galicia.

No en vano, ha señalado que "cuando tuvo la oportunidad" de presentar alegaciones a este proyecto, ya en octubre de 2009, se mantuvo "totalmente ausente", puesto que sólo Cataluña hizo aportaciones al informe de la Comisión Nacional de Energía (CNE), que daba a conocer el borrador de dicho decreto.

También ha recordado que "no hace mucho tiempo", la Cámara gallega acogió un debate sobre las medidas a adoptar para revitalizar las comarcas mineras, siendo la respuesta de la Xunta "que eso era una cuestión del Estado".

"Ahora, con el decreto se asesta un nuevo golpe mortal a la producción eléctrica de nuestras centrales, en beneficio de otros lugares, y a todo el tejido económico de las comarcas en las que se ubican", ha incidido, convencido de que, por ello y en vista de la "dimensión" que alcanza el decreto, la Xunta intenta "remendar" su postura inicial de "ausencia".

"decisión política"

Los representantes sindicales han enfatizado el carácter "político" del decreto, con el que se busca, en su opinión, dar salida a la "acumulación" de carbón autóctono que existe en otras zonas españolas, "mucho más caro y más contaminante", lo que supondrá "la destrucción de 2.000 empleos directos". "Sin ninguna razón que la justifique", ha alegado el presidente del comité de empresa de Meirama.

Por su parte, desde la Federación de Químicas de la CIG, Alberto Gonçalves, ha incidido en la "completa inactividad" de la Xunta y ha alertado de que el decreto estatal "dará la puntilla" a la comarca de Ferrol-As Pontes, en vista de la situación de Navantia. "No podemos quedarnos quietos, esto hay que pararlo", ha sentenciado.

Del mismo modo, el ex diputado Fernando Blanco Parga, también representante de la CIG en Endesa, ha secundado los argumentos de sus compañeros y ha admitido, con pesimismo, que ve "difícil" frenar la decisión del Gobierno, antes de señalar que, con toda probabilidad, la UE consumará la aprobación del decreto el próximo día 20.

También ha apuntado que, por parte del Ministerio, se intentan buscar "fórmulas compensatorias" para las centrales afectadas, aunque ha matizado que las consecuencias económicas negativas "serán las mismas que sin compensación" porque la realidad es que "prácticamente van a dejar de producir hasta 2014".

Recurso y déficit tarifario

La asesoría jurídica de la Xunta recurrirá ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo, y ante el Tribunal Supremo la modificación del real decreto que regula el suministro de carbón para la producción de energía eléctrica si el Gobierno central lo aprueba.

Así lo ha avanzado, en rueda de prensa, el director xeral de Industria, Enerxía e Minas, Ángel Bernardo Tahoces, quien ve la normativa del Ejecutivo central como un "torpedo directo" contra las centrales termoeléctricas gallegas, así como contra la industria auxiliar.

"Condena la viabilidad económica de las centrales térmicas de As Pontes y Meirama", ha insistido, al recordar que, para garantizar que las industrias que emplean carbón autóctono vendan hasta un 15 por ciento de electricidad en el mercado nacional —hasta 2013—, otras verán "restringida" su actividad. "Primero las de importación —carbón— y, segundo, las de ciclo combinado —gas natural", ha explicado, para avisar de que, además, la iniciativa puede provocar un "déficit tarifario" similar al eléctrico.

También Henrique Viéitez, en su comparecencia, ha cifrado en más de 500 millones de euros al año el coste de la aplicación de este decreto y se ha mostrado convencido de que incrementará el déficit tarifario, lo que tendrá como consecuencia directa "un aumento en lo que van a pagar los consumidores".