El Juzgado de Primera Instancia número 46 de Madrid ha obligado a Uralita a abonar un total de 3,6 millones de euros a 45 ciudadanos o sus herederos afectados por amianto de las localidades barcelonesas de Cerdanyola del Vallés y Ripollet, que reclamaban indemnizaciones por valor de cinco millones de euros.

La sentencia, dictada el pasado 5 de julio, considera "acreditada la relación de causalidad (en términos generales) entre la actividad industrial realizada en la factoría de Uralita y la generación de condiciones suficientes y necesarias para un ambiente contaminado en el que habrían de surgir patologías pulmonares en la población circundante a la fábrica o familiares de los trabajadores".

Esta es la primera sentencia que se dicta en España por una demanda civil presentada por un grupo de habitantes de poblaciones próximas a una de las fábricas que utilizaron esta materia prima desde principios del siglo XX hasta su prohibición en 2002. Hasta ahora, sólo existían sentencias por demandas presentadas por trabajadores dictadas por los Juzgados de lo Social.