La Fiscalía Anticorrupción concretará la petición de pena contra el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra —imputado por presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y contra la administración pública— después de haber recibido unos documentos pendientes del juzgado de primera Instancia e Instrucción número 1 de Nules (Castellón), según han informado a Europa Press fuentes fiscales.

Así mismo, el ministerio público concretará las solicitudes de penas para el resto de imputados en el llamado 'caso Fabra', que son el empresario Vicente Vilar, su ex pareja, Monserrat Vives, y la ex esposa de Fabra, María Amparo Fernández.

Esta actuación se produce después de que el juzgado haya remitido a Fiscalía una documentación que faltaba, por lo que a partir de ahora empieza a correr el plazo para presentar las solicitudes de pena, según las mismas fuentes.

El titular del juzgado de Nules acordó el pasado 1 de julio continuar con el procedimiento respecto de Fabra y de Vilar, Fernández y Vives. En un auto emitido en esa fecha, el magistrado aceptó las peticiones formuladas por el ministerio fiscal y la acusación particular en una vista celebrada el pasado día 25 de junio, que se prolongó durante casi tres horas. Ambas partes habían reducido de 13 a cuatro las personas imputadas en la causa.

Así, el magistrado declaró el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa para las ocho personas restantes que mantenían la condición de imputadas. También acordó el sobreseimiento libre para un imputado que falleció durante la tramitación del procedimiento.

Igualmente, el instructor resolvió el sobreseimiento libre y archivo de la causa para la ex mujer de Carlos Fabra por un presunto delito fiscal correspondiente al ejercicio del año 2002, por no superar la cuota presuntamente defraudada la cantidad que constituye la infracción penal.

Además, el juez rechazó la práctica de las diligencias solicitadas por la representación procesal de Fabra y su ex mujer. Junto a ello, desestimó ampliar la imputación a otras personas, tal y como interesó la acusación popular, al considerar que pudieran haber tenido una presunta participación en los hechos objeto del procedimiento.

Por último, desestimó los cuatro recursos de reforma presentados contra el auto que transformaba las diligencias previas del denominado 'caso Fabra' en procedimiento ante el tribunal del jurado.