El departamento de Justicia de EE UU recurrió este martes la ley del estado de Arizona que convierte en delito penal la inmigración ilegal y pidió al juez que suspenda de forma preliminar su entrada en vigor, prevista para el 29 de julio.

Los abogados del Gobierno argumentaron que la norma infringe la Constitución estadounidense al adjudicarse competencias en materia de inmigración que corresponden al Gobierno federal. "La Constitución y la ley federal no permiten el desarrollo de un batiburrillo de políticas estatales y locales de inmigración por todo el país", afirma la demanda.

La norma convierte en delito menor la presencia de una persona en EE UU sin un permiso legal, lo que autoriza a la Policía a pedir los papeles y detener a quienes sospeche que son indocumentados.

En su demanda, el Gobierno alertó de que la ley podría abrir paso al "acoso y la detención de visitantes extranjeros, inmigrantes legales y ciudadanos estadounidenses que no puedan probar inmediatamente su situación legal".

Además, obligará al Gobierno federal a dedicar más recursos a procesar a las personas arrestadas por la policía de Arizona bajo sospecha de estar indocumentados. Eso desviará la atención de la lucha contra el terrorismo, las drogas y las "pandillas" juveniles, lo que perjudicará "la seguridad de todo el país", destacó el fiscal general, Eric Holder.

Otras demandas

La acción legal se añade a otras cinco demandas contra la nueva norma, presentadas por particulares y organizaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes.

El presidente de EE UU, Barack Obama, ha criticado la ley como "mal concebida" y ha alertado de que puede dar lugar a discriminación contra los inmigrantes.

Los grupos de defensa de los derechos civiles mantienen que la norma permitirá que se pueda arrestar a los extranjeros simplemente por su apariencia o su acento y, entre otros efectos, motivará que los inmigrantes no colaboren con la Policía como testigos de crímenes o denuncien delitos.

La llamada ley de Arizona también ha provocado la repulsa de los países latinoamericanos y en particular de México, que se ha sumado con un escrito de apoyo a una de las demandas.

Por su parte, la gobernadora de Arizona, la republicana Jan Brewer, que firmó la normativa el 23 de abril, ha pedido a los tribunales que desestimen las demandas presentadas hasta ahora porque se basan en "suposiciones" y en casos de discriminación que no han ocurrido. En Arizona viven alrededor de 460.000 inmigrantes indocumentados, la mayoría mexicanos.