El Consell de Govern aprobó hoy el Proyecto de Ley de mediación familiar de Baleares, que convierte este procedimiento en un servicio público con el objetivo de solucionar los conflictos mediante el diálogo y de una forma amistosa.

Según informó la consellera de Asuntos Sociales, Promoción e Inmigración, Fina Santiago, las cuestiones que se pueden someter a la mediación familiar se deben referir siempre a materias de derecho civil de familia susceptibles de ser planteadas judicialmente, excepto aquéllos casos en los que se haya producido violencia o maltrato sobre la pareja o algún miembro de la familia, o cualquier otras actuaciones que puedan ser constitutivas de delito.

Santiago señaló que los mediadores no adoptan ninguna decisión, sino que deben ser las partes las que deciden y llegan o no a acuerdos -en tres meses prorrogables a uno más- sobre el conflicto que mantienen, y que puede versar sobre diversos temas como, entre muchos otros, las medidas patrimoniales derivadas de un divorcio, las cuestiones relativas al ejercicio de la guarda y custodia de los hijos o las que hacen referencia a una adopción.

El Proyecto de Ley, con cuatro títulos y 34 artículos, define la mediación como el procedimiento que consiste en la intervención de terceras personas imparciales y expertas que ayudan a las partes a lograr por sí mismas soluciones amistosas a sus conflictos.

Así, el texto no sólo hace referencia a los conflictos generados en las situaciones de pareja, sino a muchas otras circunstancias que se pueden producir en el núcleo familiar como, por ejemplo, los surgidos entre las familias biológicas y adoptivas.

Creación del registro de mediadores

La Ley 18/2006, de mediación familiar, que quedará derogada cuando el Parlament dé el visto bueno al Proyecto de Ley aprobado hoy por el Consell de Govern, no la consideraba como servicio público. No obstante, la Conselleria considera que actualmente se produce una confluencia entre el desarrollo de la institución de la mediación familiar y un proceso de universalización de los servicios sociales y, por tanto, el de los servicios sociales es el marco adecuado para encajar la institución de la mediación familiar.

Además, el texto regula la creación del Servicio de Mediación Familiar de Baleares, del Registro de Mediadores y del de Centros de Mediación de Colegios Profesionales y de Entidades Públicas o Privadas. Ésta responde a la necesidad de controlar que realmente llevan a cabo la mediación las personas que cumplen los requisitos y, además, suponen un instrumento para que los ciudadanos conozcan los servicios de mediación y qué profesionales los prestan.