Los representantes de trece organizaciones sindicales comparecieron hoy en la Comisión de Economía y Hacienda para informar acerca del Proyecto de ley de medidas urgentes de contención del gasto y en materia fiscal para la reducción del déficit público y todos ellos coincidieron en mostrar su "rechazo absoluto al proyecto" y en exigir al Ejecutivo "que antes de tocar el salario de los funcionarios se ponga fin a los muchos gastos superfluos".

Desde las cuatro de la tarde a las seis fueron compareciendo en la Junta los representantes de UGT; CCOO; el Sindicato Médico Profesional de Asturias (SIMPA); el Sindicato de Enfermería SATSE ; el sindicato CEMSA; la Unión de Sindicatos Independientes del Principado de Asturias (USIPA); el Sindicato de Auxiliares de Enfermería, SAE; el Sindicato Independiente ANPE; la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-CSIF); el Sindicato Unitario y Autónomo de Trabajadores de la Enseñanza de Asturias (SUATEA); la Corriente Sindical Izquierdas (CSI); el sindicato USO y el sindicato SIPLA.

El representante de CSI-CSIF, Juan Gavira, fue uno de los más duros con sus críticas hacia el Ejecutivo y aseguró que "no es precisamente por el gasto de personal por lo que las arcas públicas están exhaustas" y lamentó que no se haya visto a ningún responsable político salir a defender el trabajo de los empleados de su empresa.

"Hacer cumplir el contrato del Musel o del HUCA significaría ahorrar el doble de lo que necesita ahorrar el Principado. Eliminar Organismos solapados para colocar afines, viajes con séquitos, coches oficiales o la TPA, también serían medidas necesarias", manifestó a la vez que pidió al PP y "muy especialmente a IU que voten en contra de este proyecto de Ley". "Dentro de un año va a haber elecciones se lo digo a IU, esta es una buena oportunidad para ir diferenciando un partido de otro", manifestó.

El representante del sindicato USIPA, Francisco Menéndez, acusó al Gobierno de "haberse reído de todos los ciudadanos y ahora de los funcionarios doblemente". Así pidió equidad fiscal en España" y aseguró que no se puede consentir que bajen el sueldo a los funcionarios sin haber hecho el "mínimo esfuerzo para reducir otros gastos públicos, para acabar con los sobrecostes".

"Este es el país donde nunca pasa nada. Debéis gobernar con seriedad, debéis gestionar bien el dinero y siempre en último lugar tocar el sueldo a los que trabajamos, la gran parte por poco más de 1.000 euros al mes. Es inaceptable, una auténtica tropelía. No estoy de acuerdo con aumentar los ingresos, hay que controlar los gastos", dijo Menéndez.

También el representante de CSI, Marco García, aludió a la "prepotencia" del PSOE y afirmó que los sindicatos piden que no se apruebe este proyecto de ley porque desde su título es una verdadera falacia". "Es un puro y duro recorte de los salarios, una medida brutal, cobarde e injusta, populista y propia de un circo romano", dijo.

"Si no tienen más valentía para recortar los gastos superfluo pueden ustedes dimitir, como por ejemplo la consejera de Administraciones Públicas, a la que no le importan los empleados públicos o mejor aún, pueden irse de viaje. Pedimos que voten no a este proyecto, no que se abstengan porque eso serviría para perpetuar la incompetencia de los incapaces", manifestó el representante de CSI.

La representante del sindicato UGT, Mar Celemín, indicó que la posición de su sindicato siempre ha sido de rechazo rotundo a unas medidas que consideró "erróneas, estériles e injustas" y abogó por una reforma fiscal profunda. Parecidas fueron las palabras del representante de CCOO, Gilberto García, que manifestó que lo que se pretende es aplicar un proyecto de ley que supone un cambio radical en el rumbo de las políticas y el primer embiste a los derechos de los trabajadores. "Estamos ante la ruptura del diálogo social y de los acuerdos con el Gobierno", dijo.

Por su parte el representante de USO, José Manuel Martínez, destacó que no existe razón alguna que justifique estas medidas y abogó también por eliminar "los gastos superfluos que no en pocas ocasiones tienen todas las administraciones públicas". "Reducir el número de asesores, de altos cargos, de sus sobre dimensionadas dimensiones; reducir las fundaciones y entes públicos o prescindir de buena parte del conglomerado de subvenciones y combatir el fraude fiscal, son algunas de las medidas necesarias", dijo.

Sanidad y educación.

Los representantes de los sanitarios, José Manuel Martínez, del SIMPA, o Margó Marqués, del Satse reiteraron también el rechazo a las medidas ya que hacen recaer en los trabajadores el mayor peso para salir de la crisis. "Los profesionales sanitarios están mal pagados en Asturias y la enfermería aun más. No sólo injusto, sino que en el ámbito de la enfermería también injusto e indiscriminado", dijo Marqués.

La representante del sindicato de Auxiliares de Enfermería, María José Fernández, también incidió en la necesidad de acabar antes con gastos superfluos como los que a su juicio suponen el "Instituto Adolfo Posada o la TPA". "A este Gobierno nada le importa que no haya gente para atender las urgencias", manifestó.

En el ámbito de la educación, el representante de Anpe, Gumersindo Rodríguez, criticó la "ineptitud y mala gestión del Gobierno" y consideró inaceptable que más de 11.000 docentes se vean afectados por una merma salarial de unos 160 euros mensuales. Beatriz Quirós, de Suatea,lamentó que no se toque a los verdaderos culpables de la crisis. "Quien va pagar las consecuencias de todos los recortes es la comunidad educativa y el alumnado", dijo.