La sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Ávila reconoce que el Consistorio ya había instado al propietario a que derribase la caseta, de unos 8 metros cuadrados, porque no estaba amparada por licencia alguna.

El propio Juzgado autorizó el derribo y la obra se ejecutó en 2007, aunque, según se indica en la sentencia, se actuó en 18,76 metros y se llegó también a la piscina y las instalaciones eléctricas.

El propietario denunció que el Ayuntamiento "se ha extralimitado" y el Consistorio argumenta que existió una "actuación rebelde de la parte actora porque pudo deshacer la obra ilegal en su momento". A pesar de ello, el Ayuntamiento ha sido condenado a indemnizar al dueño con 12.064 euros.