En la exposición del acuerdo se argumenta que el mapa de cajas de ahorro está siendo objeto de una "profunda" reordenación en el país, mediante procesos de concentración que persiguen ganancias de competitividad y el fortalecimiento del sector ante los "cambios y deterioro" observados en el ámbito económico y financiero nacional.

Asimismo, se recoge que Castilla y León tiene atribuida la competencia exclusiva en materia de cajas de ahorros e instituciones de crédito cooperativo público y territorial, en el marco de la ordenación general de la economía y de acuerdo con las disposiciones que en uso de sus facultades dicte el Estado*, según el Estatuto de Autonomía.

Así, tras analizar el contenido del proyecto de integración del Grupo Banca Cívica, que se articula sobre la base de la constitución de un SIP destinado a garantizar la liquidez y solvencia de las cajas participantes, la Junta consideró que el mismo se ajusta a lo establecido en la normativa vigente que regula las entidades de crédito.

Para ello, se valoró la conformidad de la operación de adhesión a un SIP en sus aspectos procedimentales y de fondo con el ordenamiento jurídico vigente; que las entidades que lo van a constituir no se hallaban en período de liquidación; que estaban a salvo los derechos y garantías de los impositores, acreedores, trabajadores y demás afectados por la participación de Caja de Burgos en el citado sistema institucional de protección; que se garantiza la continuidad de la obra social; la idoneidad de la operación proyectada para el reforzamiento de la liquidez y la solvencia perseguidas a la vista del informe del Banco de España, así como que la operación no plantea el recurso al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, dado el nivel de recursos propios de las entidades de crédito participantes.