Los jueces valencianos ofrecen no ir a la cárcel si el reo deja su adicción a las drogas

La justicia ofrece una última oportunidad a quien comete un delito por problemas relacionados con el consumo de drogas. Libertad a cambio de someterse a tratamiento. Ese es el trato que aceptan cada mes 20 condenados de la provincia. Pero hay condiciones.

La primera es que la pena impuesta sea inferior a cinco años de prisión. “El juez entiende que ha cometido el delito a causa de su adicción”, explica el director de los Servicios Sociales Penitenciarios de Valencia, Santiago Leganés. La dependencia y la posterior deshabituación de la sustancia adictiva debe ser certificada por un informe médico. Los delitos que les llevan a las puertas de la cárcel son robos y venta de droga a pequeña escala, por lo que el abandono de las mismas puede favorecer su reinserción, añade.

La extensión de este “acuerdo” de suspensión de la entrada en prisión ha ido a más, porque hasta hace poco tiempo, sólo se contemplaba para las condenas inferiores a dos años. La reforma del Código Penal ha introducido esta nueva posibilidad de evitar la cárcel.

“A veces acaban el tratamiento y no reinciden, pero en otras ocasiones dejan la terapia y vuelven a consumir drogas, por lo que se decreta prisión por quebrantamiento de condena”, dice Leganés. El juez recibe informes trimestrales para ver cómo va el proceso.

Un alivio para las celdas colapsadas

La adopción de esta medida ha permitido, indirectamente, aligerar la población penitenciaria de Valencia. De hecho, la cárcel de Picassent está entre las más conflictivas y saturadas, lo que ha obligado al Gobierno a levantar una segunda en Siete Aguas. Así, se evitan internamientos de pocos años y no reincidentes, o al menos se les ofrece la posibilidad de evitar las rejas a la primera.