Lo explicó la diputada del Partido Popular en la Junta General Inmaculada González, en una rueda de prensa convocada para criticar las consecuencias en el reparto de fondos estatales para la dependencia, a partir de la modificación que prepara el Gobierno central.

"Hasta ahora lo que se hacía era que una vez que las personas tenían la resolución, podía pasar un tiempo para firmarla, pero a partir de la firma se aplicaba el carácter retroactivo", explicó la parlamentaria autonómica. "Ahora no se aplicará ese carácter retroactivo, y sólo tendrán derecho al disfrute a partir de la firma, y no los meses anteriores", matizó.

La valoración del PP es que "aumentará la excepcionalidad de la ley, es decir, las solicitudes de prestación económica, dado que los servicios se dilatarán más en el tiempo". Recordó en este punto que actualmente hay más de 5.000 persones recibiendo esta prestación, del total de 10.122 que están beneficiándose de la ley, cuando se suponía que el pago en metálico "era una excepcionalidad":

Dado que la prestación económica es "mucho menos costosa", según matizó González, que los servicios de la ley, como por ejemplo el internado en una residencia, la medida beneficiaría a las comunidades que más peticiones de pago en metálico registran, como es el caso Andalucía. "Esto beneficia sobre todo a Andalucía, porque tiene muchísimas prestaciones económicas, y según la nueva normativa, tendrá siete millones más, mientras que Asturias perderá más de un millón de euros", matizó.

Comparecencia de rabanal

El PP solicitó la comparecencia del consejero de Economía, Jaime Rabanal, porque "esto es una paralización en cubierta de la Ley de Dependencia", en términos económicos.

Así, recordó que en 2009, el Estado aportó únicamente 52.000 euros de los más de 230.000 gastados en Asturias en la Ley de Dependencia, cuando la normativa establece que la inversión en este sentido ha de ser del 50% entre las dos administraciones. "¿Dónde están los otros 178 millones?", preguntó retóricamente la diputada, adelantando la cuestión que planteará al consejero de Economía.

A su juicio, la nueva modificación reduciría la aportación estatal, cuando ya "no se está cumpliendo el primer requisito de la ley, que es la cofinanciación". Desde su punto de vista, "se está solapando la paralización de la ley", por una "sinvergüencería del Estado" para "gastar menos recursos y provocar más desequilibrios entre comunidades".