Los terrenos ribereños que separan el puente de Juan Carlos I y el puente basculante de San Juan de Aznalfarache, en el término municipal de Sevilla, albergan nuevamente un poblado de infraviviendas habitado por numerosas familias, toda vez que este espacio propiedad del Ministerio de Economía y Hacienda fue ocupado durante varios meses el pasado año 2009 por las 41 familias exiliadas del Polígono Sur a cuenta de la muerte de un menor en un tiroteo.

En concreto, entre las infraestructuras de ambos puentes se alzaban hoy al menos diez chabolas instaladas con paneles, toldos, lonas o paños de tela y, a su alrededor, los habitantes de estas infraviviendas tendían la ropa o departían en las mesas y sillas de plástico dispuestas a modo de comedores al aire libre. Junto a las chabolas, estas familias mantienen algunas furgonetas o turismos para sus desplazamientos.

Cabe recordar que estos suelos de titularidad estatal fueron ocupados ilegalmente durante varios meses del año 2009 por 41 familias vinculadas al clan de 'los caracoleños', un colectivo de familias procedentes del desalojo consumado en 2004 en el asentamiento chabolista de Los Bermejales. Estas familias en cuestión, instaladas desde entonces en el Polígono Sur, se auto exiliaron en abril de 2009 de este barrio desfavorecido de Sevilla por temor a represalias a consecuencia del tiroteo que, el 29 de marzo de aquel año, se saldó con la muerte de un menor de etnia gitana en la calle José Sebastián Bandarán.

El colectivo de familias, no obstante, fue desalojado de estos suelos a comienzos del mes de julio de 2009 mediante un amplio dispositivo policial, tras lo cual comenzaron un penoso peregrinaje por diversos emplazamientos en el Charco de la Pava, la carretera que conduce a la base militar de El Copero, —en suelos de la Autoridad Portuaria o la margen del río correspondiente a San Juan de Aznalfarache, para finalmente irrumpir nuevamente en las Tres Mil Viviendas para ocupar las viviendas de titularidad pública que habían abandonado.

No obstante, la nueva ocupación de estas viviendas, —precintadas en aquel momento—, fue denunciada ante la Justicia por la Administración autonómica, dado que se trata de viviendas de protección oficial y la investigación emprendida entonces por la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio sobre estos 41 pisos resolvió la ausencia de acreditación de propiedad por parte de la gran mayoría de sus antiguos moradores.

De cualquier forma, en torno a las 11,00 horas de hoy, una patrulla de la Policía Nacional se acercaba hasta una de las infraviviendas instaladas en las inmediaciones del puente metálico de San Juan de Aznalfarache.