El PPdeG sacó hoy adelante en solitario el texto de la ley para crear una red de apoyo a las embarazadas, que parte de una iniciativa legislativa popular promovida por asociaciones antiabortistas, porque "la Constitución apuesta por la vida y el PP también". Además, la representante popular en el debate, Paula Prado, reiteró que esta normativa "no impedirá a las que quieran abortar hacerlo", pero aseveró que, para eso, "ya hay otra ley" —por la del Estado—.

El debate sobre el texto de la ponencia en que trabajaron, además de Paula Prado, la socialista Silvia Fraga y la nacionalista Ana Pontón, derivó en una discusión sobre el "derecho a decidir" de las mujeres acerca de su maternidad, que como en el transcurso de la tramitación parlamentaria de esta ley, volvió a traslucir las diferencias de interpretación entre populares y socialistas y nacionalistas.

Durante el trabajo en ponencia, las discrepancias estuvieron centradas en la incorporación de aspectos relacionados con el derecho a recibir información sobre las interrupciones voluntarias del embarazo, tal y como demandaban los grupos de la oposición.

Sin embargo, el PPdeG mantuvo en sus intervenciones que esta ley tiene como objetivo "apoyar a la mujer embarazada", porque para el aborto existe otra normativa de ámbito estatal, recurrida por el PP ante el Tribunal Constitucional.

Derecho a decidir

Así las cosas, al margen del texto, Paula Prado apeló a la Constitución para defender "el derecho a la vida", incluso antes del nacimiento del bebé, lo cual fue rebatido por las diputadas de la oposición, quienes le acusaron de "poner en tela de juicio" el derecho a decidir sobre la maternidad y de utilizar la normativa para "adoctrinamientos ideológicos".

Por contra, la parlamentaria popular se fijó en una de las enmiendas que rechazaron los votos del PPdeG referida a la elaboración de un plan de salud sexual y reproductiva y basó su voto en contra en que los populares "no están de acuerdo con la definición" de este concepto, originado en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing, en 1995.

"Allí se pudo comprobar que el concepto de salud sexual y reproductiva era una máscara para decir aborto", recalcó y acusó a los grupos de la oposición de "enmascarar" las interrupciones de embarazos usando esos conceptos.

"Es muy grave que se cuestione un aspecto básico de la conferencia de Beijing", manifestó Pontón, mientras que Prado aprovechó su intervención para reprochar la "radicalidad y el desequilibrio ideológico" de la representación española, cuando gobernaba el socialista Felipe González.

Carga ideológica

En este contexto, la parlamentaria del BNG recriminó a los populares de excluir de esta normativa "información científica imparcial" y entregar a "asociaciones antiabortistas" la labor de apoyar a mujeres para "culpabilizar a las que deciden abortar". En esencia, resumió sus enmiendas que estaban encaminadas a "información y prevención" de embarazos no deseados y la "generalización de la información" de contracepción y anticoncepción.

Por su parte, la socialista Silvia Fraga se opuso "radicalmente" a la creación de una red "paralela" que "duplicará" los servicios públicos, algo que rechazó Paula Prado, que defendió que la Xunta trabajará "en colaboración" con los integrantes de este tejido asociativo junto con los ayuntamientos gallego. "Ponen los recursos de la Xunta a disposición de las asociaciones privadas", censuró Pontón.

La diputada del PSdeG hizo hincapié en que los socialistas defienden los derechos de las mujeres embarazadas y apeló a todas las normativas promovidas en el ámbito estatal, como los permisos de maternidad o la Ley de igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Asimismo, también defendió la necesidad de ampliar los mecanismos de información para "evitar embarazos no deseados".

Por su parte, Paula Prado incidió en que la ley que verá luz verde con toda probabilidad en el último pleno ordinario de este periodo de sesiones "no desliza consideraciones morales" y destacó, por el contrario, que es "necesaria" para aquellas mujeres que quieren seguir adelante con su embarazo.

La parlamentaria del PPdeG recriminó, asimismo, la petición de supresión de la asistencia específica a la embarazada adolescente, en lo que se refiere a la educación. "Supongo que pedirán la supresión de este artículo porque prefieren que las adolescentes hagan uso de la píldora poscoital", dedujo en su último turno.BARBARIDADES

En el transcurso de las intervenciones, la representante socialista enmarcó la postura de los populares en las "barbaridades escuchadas" en el pleno, el pasado martes, a cargo del diputado Rosendo Fernández, durante el debate de una proposición no de ley que pedía impulsar el desarrollo de la Ley del aborto estatal.

"Con la excusa de que es una ley de mujeres para mujeres, es una ley machista. A costa de la mujer, se hace responsable al hombre de sus actos sexuales", reprodujo Silvia Fraga, utilizando la textualidad pronunciada por el parlamentario del PPdeG en el pleno.

"Usted también dijo muchas barbaridades", devolvió Paula Prado a Silvia Fraga, sin especificar a qué cita se refería. "¿Ella puede decir que un diputado dice barbaridades y yo no puedo decir que la señora diputada dice barbaridades?, ¿Aquí que pasa?, ¿hay censura dialéctica?", se preguntó Prado ante el revuelo de las diputadas socialistas por la acusación.

"Igual que ella dijo que un diputado dice barbaridades, yo digo que ella dijo barbaridades", zanjó la diputada del PPdeG, tras la mediación del presidente de la comisión, Miguel Santalices, que tuvo que rogar silencio a las socialistas que, desde sus sitios, protestaron por estas afirmaciones.

Texto de la ley

El texto de la normativa, impulsada por asociaciones como el Foro de la Familia, recoge el "derecho a la vida en formación desde la concepción" y tiene como objetivos propiciar el establecimiento de los medios necesarios de carácter social, jurídico, educativo y sanitario o asistencial para que garantizar y preservar el derecho de la mujer gestante a culminar su embarazo.

Así, en sus nueve artículos establece su ámbito de aplicación, el derecho a la información, los recursos o la colaboración entre las administraciones. Uno de los aspectos eliminados fue la concepción de aborto como "defunción" de la exposición de motivos de la normativa.

Serán beneficiaras de la ley las mujeres gestantes en especial situación de riesgo, las menores de edad, las que se encuentran cursando estudios y son menores de 30 años, las discapacitadas y las inmigrantes.

Además, la ley establece que las convocatorias de la Xunta en materia de servicios sociales considerarán "circunstancia prioritaria" que alguna de las beneficiarias sea una mujer gestante.

Al margen del articulado, las disposiciones finales recoge que el Ejecutivo autonómico elaborará un plan integral de apoyo a la mujer embarazada, en el plazo de un año, en el que se incluirán las acciones y objetivos para hacer realidad la existencia de la red y que suponga poner a disposición de la mujer embarazada recursos de tipo sanitario, social, educativo o cualquier otro.bvco