La asociación 'Tarifa Contra el Radar' anunció hoy que ha hecho llegar a distintas instituciones un total de 3.728 firmas de ciudadanos de Tarifa (Cádiz) solicitando el traslado del radar militar que el Ministerio de Defensa mantiene en las cercanías de Camorro, "a ninguna distancia" del núcleo urbano, basándose en informes científicos y resoluciones europeas que advierten que los campos electromagnéticos pueden convertirse en "un problema de salud pública".

La coordinadora de la asociación trifeña, Ey Guerrero, explicó a Europa Press que el citado radar, que parece una "bola gigante", lleva más de una década en el municipio, aunque la mayoría de la población no descubrió hasta "hace poco" que se trataba de un radar militar para controlar el Estrecho de Gibraltar.

Según dijo, cada vez hay "más evidencias científicas" de que los campos electromagnéticos "pueden perjudicar la salud" y, en base a las citadas "evidencias", el Parlamento europeo dictó una resolución el 9 de abril de 2009 "reconociendo la nocividad de esas ondas y pidiendo a los países miembros que apliquen el principio de precaución".

En este sentido, señaló que la distancia entre el radar y el pueblo "es mínima por no decir ninguna", ya que "la guardería que la Junta de Andalucía tiene en el pueblo se encuentra justo debajo" y los niños son "la población más susceptible a este tipo de contaminación".

Varios años de acciones

La coordinadora de 'Tarifa Contra el Radar' señaló que llevan al menos un par de años con acciones encaminadas a solicitar el traslado de esta instalación militar. Según dijo, en un primer momento estuvieron recavando información al respecto y, posteriormente, se llevó al asunto al Ayuntamiento, que decidió en Pleno "por unanimidad" solicitar a Defensa el traslado.

Guerrero aclaró que no están pidiendo que se quite el radar, ya que "somos conscientes de que el Estrecho es una zona estratégica que hay que controlar", y detalló que "sólo pedimos que se reubique, que se busque una ubicación correcta que garantice la salud de los ciudadanos", algo "mínimo" a lo que "tenemos todo el derecho", sentenció.

Al parecer, el Ministerio de Defensa contestó al Ayuntamiento de forma negativa "en base a criterios militares" y argumentando que "lo acababan de modernizar", con lo que, "también en base a motivos económicos, el traslado no era viable".

A partir de ahí, la asociación inició una campaña informativa que incluye informes científicos de todo el mundo en relación a la incidencia en la salud de este tipo de instalaciones, alude a la resolución europea anteriormente citada y que lleva 3.728 firmas de ciudadanos recopiladas hasta el momento.

Estas rúbricas se han enviado al Ministerio de Defensa nuevamente para pedir al traslado del radar, aunque también se han dirigido a la oficina del Defensor del Pueblo Español, donde el caso tiene un expediente abierto; al presidente del Gobierno; a la Casa Real y a diferentes ministerios y consejerías de la Junta de Andalucía, solicitando en todos los casos que "se inste a los responsables al traslado del radar para que se ubique de forma correcta", concluyó.