Estos técnicos advirtieron hoy de que la crisis financiera está produciendo situaciones ciertamente "disparatadas" con la Hacienda Pública que, en lugar de cambiar su modus operandi para adaptarlo a la crisis, sigue investigando a los colectivos más perjudicados en su economía mientras descuida otras vías de recaudación más eficaces y justas como la lucha contra la economía sumergida y los grandes defraudadores.

Gestha, en una nota de prensa, denuncia esta actitud por considerarla una estrategia "equivocada, injusta e ineficiente" que afecta en Asturias a más de 52.000 desempleados, divorciados y empresas en quiebra, entre otros.

En lo referente a la presión sobre los más perjudicados por la crisis, los Técnicos ponen como primer ejemplo la situación de la mayoría de los casi 49.000 desempleados asturianos que cobraron en 2009 prestaciones por desempleo, aquellos que percibieron más de 1.500 euros en el conjunto del año, normalmente sin retenciones. En estos casos, el límite para no estar obligado a declarar el Impuesto sobre la Renta baja a los 11.200 euros de ingresos íntegros, desde los 22.000 euros si hay sólo un pagador.

En segundo lugar, Gestha se refiere a los casos de las personas que pierden su vivienda al no poder pagar la hipoteca, a pesar de la moratoria de dos años en el pago de la mitad de su cuota hipotecaria, hasta un máximo de 500 euros mensuales, aprobada a partir del 1 de enero de 2009 para los parados y trabajadores autónomos que hayan cerrado su negocio o reduzcan sus ingresos.

En estas situaciones, si el precio de la subasta o la deuda, incluidos los intereses moratorios, indemnizatorios y costas, supera el precio escriturado de la vivienda, Hacienda considerará que "el desalojado ha obtenido una ganancia patrimonial", y le exigirá entre un 19 por ciento y un 21 por ciento. Según los últimos datos provisionales del INE, entre enero y marzo las quiebras familiares aumentaron un 4,6 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Gestha denuncia igualmente que Hacienda ha encontrado "un filón" en los más de 3.000 casos de separaciones y divorcios en Asturias, dado que en España se producen más de 13 rupturas por hora, -entre 2001 y 2006 crecieron más de un 277 por ciento, lo que nos situó entonces al frente de la Unión Europea, según el Instituto de Política Familiar-.

En los casos en que el principal bien de la pareja es la vivienda hipotecada, el cónyuge que se adjudica la vivienda solicitará un préstamo para pagar a su ex pareja la mitad correspondiente. Realizada esta liquidación, Hacienda considerará que "el ex cónyuge, que ha vendido la mitad, ha obtenido una ganancia patrimonial", y le reclamará entre un 19 por ciento y un 21 por ciento.

Pero los Técnicos de Hacienda advierten que estas situaciones disparatadas no son exclusivas de las personas, sino que también afectan a más de 348 empresas asturianas Así, aquellas sociedades que entraron en proceso concursal en Asturias durante el pasado año padecen situaciones "absurdas" en las que, en caso de llegar a un acuerdo con quita a los acreedores -ya que se supone que no puede pagar-, Hacienda le imputará un "beneficio a distribuir en varios ejercicios" que tributará en el Impuesto sobre Sociedades.

Esta situación se reproduce en las daciones en pago de deudas, que son operaciones en las que el deudor que no tiene liquidez entrega un bien para pagar una deuda, y en las disoluciones societarias provocadas por una insolvencia definitiva.

Por comunidades

Por comunidades autónomas, Asturias es la cuarta región que concentra menos situaciones de este tipo, con algo más de 52.000 casos. La más perjudicada es Andalucía, con más de 560.000 parados, divorciados y empresas en quiebra afectados. A continuación se sitúa Cataluña, con más de 440.000 casos, seguida de la Comunidad Valenciana (315.365), la Comunidad de Madrid (309.432), el Archipiélago Canario (170.076) y Galicia (138.402).

Por detrás se localizan otras regiones como Castilla-La Mancha (114.464), Castilla y León (107.086), el País Vasco (83.930) y la Región de Murcia (79.713), seguidas de Extremadura (70.693), las Islas Baleares (68.932) y Aragón (63.949).

Por el contrario, las comunidades en las que hay menos personas y sociedades afectadas por estas situaciones son La Rioja (14.837), Cantabria (26.906) y Navarra (29.279).

Contra la economía sumergida

Los Técnicos de Hacienda consideran que la solución para equilibrar las cuentas públicas pasa por luchar de manera eficaz contra la economía sumergida y los grandes defraudadores en lugar de poner la lupa sobre los colectivos más perjudicados por la crisis o realizar drásticos recortes sociales, sobre todo cuando España tiene uno de las mayores bolsas de dinero negro de la Unión Europea, equivalente al 23,3% del PIB, lo que supone que 245.000 millones escapan al control del fisco anualmente.

A este respecto, Gestha estima que si el Gobierno aumenta las responsabilidades de los Técnicos de Hacienda en la lucha contra el fraude, el control de las subvenciones y el gasto público, se podría reducir en diez puntos porcentuales la economía sumergida en España, situándose en niveles similares a Francia o Alemania. Ello significaría recaudar unos 38.000 millones de euros adicionales cada año, una circunstancia que permitiría rectificar absurdas situaciones antes mencionadas.

Los Técnicos de Hacienda remitirán el próximo martes a los grupos políticos del Congreso unas propuestas para la modificación de las leyes del IRPF y del Impuesto de Sociedades con el fin de evitar situaciones como las descritas.