Un 50,2 por ciento de los profesores que han participado en un estudio realizado por UGT en el conjunto nacional, titulado 'Violencia y Estrés' y en el que han participado un total de 1.223 docentes de centros privados, públicos y concertados, afirman tener miedo a ser agredidos o intimidados en su labor docente "cuando aún no lo han sido".

Así lo puso hoy de manifiesto en Murcia el secretario general de Federación de Trabajadores de la Enseñanza (FETE) de UGT federal, Carlos López, durante la presentación de este estudio sobre los riesgos psicosociales que se producen a diario en el sector de la Enseñanza.

En concreto, este trabajo forma parte del proyecto 'La violencia en los centros escolares como factor de riesgo psicosocial en los trabajadores de la enseñanza', y persigue el objetivo "determinar si las distintas situaciones de violencia que se producen en los centros escolares son un factor de riesgo psicosocial para la salud de los trabajadores de la enseñanza".

Para ello, se realizaron 1.223 cuestionarios a profesores de Secundaria de colegios de todas las Comunidades Autónomas del territorio nacional, a excepción de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, para "conocer cuál es la situación que vive el profesorado con respecto a las condiciones laborales y los niveles de violencia escolar, uno de los temas que más preocupan", explicó López.

De este modo, en el indicador del factor de riesgo psicosocial entre el profesorado y el alumno, el estudio revela que un 37,5 por ciento de los docentes "se considera bastante estresado por la interacción con los alumnos desde el punto de vista de impartir una clase normal".

Mientras que el 32,4 por ciento declara haber sido intimidado alguna vez, un 5,7 por ciento confiesa serlo con cierta frecuencia, y un 2 por ciento reconoce cierta frecuencia en las agresiones recibidas por parte del alumno; cifra que alcanza el 7,4 por ciento si se refiere a que el profesorado ha sufrido una agresión del alumno al menos alguna vez.

En esta misma línea, el 34,1 por ciento del profesorado dice que "padece comportamientos dirruptivos en el aula, ya que los alumnos no siguen la clase y se dedican a molestarle y también a los compañeros". En el 13,2 por ciento de los encuestados, este tipo de comportamiento tiene lugar casi todos lo días.

En lo que respecta a las amenazas, el 32,4 por ciento del profesorado declara haberlo sido alguna vez y el 5,7 por ciento es amenazado, al menos, con cierta frecuencia, es decir, mensualmente como mínimo.

Se deduce del estudio, además, que el 37,4 por ciento de los encuestados admite sentir niveles de estrés que van del 7 al 10 en la escala de percepción.

En el aspecto de las relaciones entre el profesor y la familia, se extrae que un 24 por ciento "dice haber recibido insultos alguna vez por parte de las familias"; y en el concerniente al docente y los propios compañeros del centro, "un 15 por ciento afirma haber sufrido maltrato psicológico por parte de éstos y sólo un 8 por ciento admite sufrirlo".REIVINDICACIONES

A tenor de los datos, desde UGT federal se reclamó a cada una de las administraciones autonómicas que "se disminuya el número de alumnos por aulas" para erradicar esos comportamientos dirruptivos y que la enseñanza "sea más personalizada y mejore la atención".

También se planteó la necesidad de contar con "nuevos perfiles profesionales que nos asesoren a la hora de educar y reconducir esas conductas", aseveró López, quien dejó claro que a los docentes les preparan para "educar y transmitir conocimiento, pero a veces algunas alumnos adoptan una serie de conductas en las que no tenemos la capacidad para corregirlas".

Otra de las necesidades es que en la formación inicial del profesorado como en la continua pues se tenga "un peso específico en temas de habilidades sociales y aspectos de mediación entre alumnos de los conflictos que vayan surgiendo".

En materia laboral, criticó el recorte del 5 por ciento del suelo, al tiempo que tildó de "injusto" que en la labor docente "se nos quiera recortar la posibilidad de poder jubilarse de forma anticipada".

Y es que, destacó, "otros países de la UE mantienen un sistema de jubilación parecido y la tarea de educar en estos momentos tiene unas exigencias que, a partir de los 60 años, con la voluntad del profesor pues se pueda continuar la labor docente o se pueda jubilar".

En cuanto a la consideración de los docentes como autoridad pública, López consideró que ello "debe ser una norma básica y no sólo una circular orientativa".

En esta misma línea, abogó por "hacer un sistema educativo más flexible para que esa tasa del 32 por ciento de abandono escolar pueda encontrar caminos dentro de este sistema", así como "posibilitar el bachillerato en tres años para mejorar el rendimiento de los alumnos y no en dos".

Observatorio regional de la convivencia

Por su parte, el secretario general de FETE-UGT Región de Murcia, Antonio Francisco Ferrández, hizo hincapié en que el Pacto Social por la Educación que se firmó hace un año en la Región "contemplaba que la implantación del perfil profesional de profesor técnico del Servicio a la Comunidad se hiciera uno por cada centro de Secundaria y ahora mismo, nos encontramos que ese derecho no existe".

"Esto supone que está en varios institutos y no pueden atender la demanda de las situaciones reales que se dan en los centros de enseñanza", recalcó Ferrández, quien precisó que su función pasa por "la docencia en determinados ciclos formativos y también es el profesorado el que debe de coordinarse con el equipo directivo y las familias sirviendo para que la convivencia escolar mejore en la comunidad educativa".

En otro orden de cosas, explicó que se ha detectado entre los compañeros que hay algunos que "están tratando en servicios jurídicos y no han querido darle publicidad, y otros prefieren pedir comisión de servicios de carácter especial".

Aunque el sindicato no dispone de datos cuantificados a nivel regional, Ferrández comentó que "las agresiones físicas directamente no llegan al 3 por ciento de las denuncias transmitidas a FETE-UGT".

Sobre los comportamientos dirruptivos en el aula, reclamó al consejero de Educación, Formación y Empleo, Constantino Sotoca, que el Observatorio para la Convivencia Escolar se reúna, puesto que, lamentó, "desde julio del pasado año no lo ha hecho".

Una situación que atribuyó a la "dejadez" por parte de la Administración regional, ya que "cuando manifiesta públicamente que apoya a docentes le exigimos que eso vaya completado con ese observatorio donde está toda la comunidad educativa".

Sobre ello, también denunció públicamente que "han habido cambios en la presidencia y no se conoce físicamente a la persona, ya que todavía no se nos ha convocado ni tenemos el informe que da los datos de convivencia escolar que existen en la Región en el actual curso".