El Consejo Regional de Cámaras de Castilla y León consideró hoy que la inversión pública en infraestructuras debe responder a un criterio de rentabilidad social y no sólo de coste-beneficio con el fin de potenciar la cohesión y la igualdad.

En un comunicado recogido por Europa Press, el Consejo aseguró que es "necesario" realizar las inversiones en infraestructuras en función de la rentabilidad social "y no sólo en función del análisis coste-beneficio" para, de este modo, impulsar la cohesión, la igualdad "y la justicia en las posibilidades de evolución de las diferentes zonas de la región ya sean rurales, periurbanas o de pequeñas y grandes ciudades".

Tras destacar la importancia de la dotación de infraestructuras como elemento "fundamental" para el crecimiento de la Comunidad así como para el impulso del desarrollo y el equilibrio territorial, las Cámaras advirtieron de que permanecerán "alerta" tras el recorte de la inversión pública anunciado por el Gobierno de la nación.

En este sentido, mostraron su deseo de que el recorte no perjudique a la sociedad castellanoleonesa sobre otros territorios "ya que buena parte de la inversión en infraestructuras deriva en el incremento del PIB y del empleo".

Asimismo y ante la actual situación económica, las Cámaras de Comercio e Industria de Castilla y León apostaron por alcanzar un "necesario" consenso en el ámbito político que propicie un clima de "estabilidad" y ayude a "poner en práctica" las medidas estructurales "adecuadas" para mejorar el escenario económico.

Las medidas "más urgentes" serían, según el Consejo, una reforma laboral, asunto "inaplazable" y "que no puede demorarse más en el tiempo" que, a su juicio, debería de favorecer la contratación, la productividad de las empresas y la economía española.

Asimismo, las Cámaras instaron al compromiso y concienciación para llevar a cabo una disminución del gasto público con el fin de hacer frente al déficit existente, así como a la simplificación y mejora de los procesos burocráticos.

Finalmente, las Cámaras mostraron su confianza en una reordenación del sistema financiero que potencie la "eficiencia, rentabilidad, solvencia y productividad" de las entidades para contribuir a dar respuesta a las necesidades de financiación de las empresas "para un mayor desarrollo de la actividad internacional de las mismas así como de nuevos proyectos empresariales viables".

A su vez, esta reordenación del sistema financiero debe estar dirigida a facilitar la concesión de créditos, la creación de empleo y el impulso de la competitividad con el objetivo de fortalecer la economía productiva de Castilla y León.