En una nota, Cepes-A destacó que la bajada se produzca por segundo mes consecutivo "en unas cifras tales que nos debemos de remontar hasta 2005 para encontrar un dato parecido, en todos los sectores productivos y poblacionales, en todas las comunidades autónomas y con un incremento por cuarto mes consecutivo en la afiliación de ocupados a la Seguridad Social".

Destacó que a estos datos se suma el crecimiento del PIB para el primer trimestre del año (+0,1 por ciento), que, a su juicio, "nos sitúa, al menos técnicamente, fuera de la recesión y, una mejora en las previsiones que realizan las instituciones europeas para la economía española", lo que convierte a estos datos en "esperanzadores".

Consideró que "a pesar de los datos positivos, nos enfrentamos a la mayor preocupación de la población española, el aún altísimo desempleo y la precariedad de los empleos creados".

Asimismo, recordó que todo ello "se produce en un momento de estancamiento en el diálogo social a nivel nacional para la reforma del mercado laboral y bajo la advertencia del Gobierno de que, si no hay acuerdo, la aprobará de forma unilateral por decreto".

Ante esto, la economía social andaluza hizo un llamamiento a "la responsabilidad de los interlocutores para lograr un acuerdo que redunde en la mejora del mercado laboral y consecuentemente en el necesario incremento de la confianza de toda la sociedad, pues sin ella será difícil ahondar en la solución a la crisis".

Destacó que Andalucía, tras Cataluña, "se convierte en la segunda comunidad donde más baja el paro", aunque apuntó el aumento registrado en términos interanuales, por lo que consideró que "los parados que han visto desaparecer sus puestos de trabajo deben de continuar respaldados por medidas sociales".

Por ello, consideró que "junto a las medidas tomadas también son precisas otras acciones que orienten una salida a la profunda crisis, que por otra parte no sólo es económica sino que también afecta a la confianza e ilusiones de una mayoría".

En este sentido abogó por "incrementar y reconducir el diálogo social abierto con los agentes sociales y otras fuerzas políticas para elaborar un verdadero programa de economía sostenible, estabilización y crecimiento a medio plazo para la economía; un programa convincente y persuasivo capaz de lograr la confianza de los ciudadanos que conlleve la percepción generalizada de equidad en el reparto de la carga de la crisis, es decir de justicia distributiva".

En este sentido, para Cepes-A, la percepción social dominante "no debe ser la de injusticia en el reparto del esfuerzo colectivo, pues afectaría la eficacia de esas medidas y puede bloquear otras acciones necesarias para salir de la crisis".