Este juicio estaba previsto para el mes de diciembre del pasado año, aunque fue suspendido tras presentarse nueva documentación. Los hechos se remontan a 1998, cuando, según el escrito del fiscal, el acusado, como alcalde, dictó en junio un decreto de concesión de licencia de obras para la construcción de la estructura de una vivienda en una parcela.

La acusación sostiene en sus conclusiones, a las que tuvo acceso Europa Press, que lo hizo "sin que se hubiesen realizado los preceptivos informes técnicos ni jurídicos, prescindiendo total y absolutamente del procedimiento administrativo que regía tales expedientes de solicitud de licencia de obras", de forma que sólo constaba un informe técnico del arquitecto a "efectos de valoración".

Además, continúa el relato del ministerio público, la construcción de la vivienda no se podía autorizar "por estar clasificado el terreno donde se edificaba como suelo no urbanizable de especial protección" y estar calificado como "complejo ribereño de protección según las normas subsidiarias de planteamiento", aprobadas en 1997.

Para el ministerio fiscal, estos hechos constituyen un delito de prevaricación urbanística, por el que pide inicialmente para el regidor, según las conclusiones provisionales, una pena de ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y una multa de 2.160 euros.

El alcalde ya fue juzgado la pasada semana por el Juzgado de lo Penal número 1 por el mismo delito y también por dar una licencia de obra en suelo no urbanizable sin que hubiese informes y sin tener en cuenta el procedimiento. En ese caso, el fiscal mantuvo su petición de ocho años de inhabilitación para cargo público y multa de 5.400 euros.

Vegas aseguró que daba el visto bueno a las licencias de obras que le ponían los funcionarios o el secretario para la firma, al entender que cuando eso ocurría es que "estaba conforme a ley y estaba para darla". Explicó que había un formulario tipo y que no tenía tiempo de leer todo lo que le ponían para firmar, por lo que aseguró que tenía "confianza" en los funcionarios.

"Entiendo que no me van a poner una licencia que no se puede dar", apuntó, al tiempo que recordó que antes de entrar él en la Alcaldía se seguía el mismo procedimiento para conceder estos permisos y manifestó que los que pedían las licencias hablaban con los técnicos, insistiendo en que "tenía capacidad de decisión pero presuponía que lo que me pasaban era correcto".