Ayuntamiento denuncia un trato desigual de la Junta a la capital respecto a Sevilla

El Ayuntamiento de Granada ha remitido un escrito a la Fiscalía Superior de Andalucía para pedirle que investigue si la Consejería de Cultura ha incurrido en un supuesto delito de prevaricación al usar sus competencias para supuestamente prohibir la realización de actuaciones que sí habría permitido en Sevilla, como la instalación de anclajes en edificios catalogados para colocar toldos durante la feria.

La denuncia ha sido registrada esta mañana en la Fiscalía por parte del concejal de Cultura, Juan García Montero (PP), que ha adjuntado una treintena de fotografías que él mismo tomó hace unos días en Sevilla para "demostrar la veracidad" de sus acusaciones, que ha justificado en el supuesto interés del Gobierno andaluz por "dañar a la ciudad", según informó a Europa Press el citado edil.

Con estas instantáneas, el Ayuntamiento pretende demostrar que la Consejería de Cultura "permitió" colocar anclajes en edificios catalogados de Sevilla, como las iglesias del Salvador y San Juan de Dios, así como el propio edificio consistorial mientras que a Granada no.

También ha fotografiado el "gran centro comercial" que la Junta de Andalucía "ha permitido construir en el casco histórico" de la ciudad sevillana, junto a la Plaza de la Encarnación, pese a que —según dijo— se hayan encontrado "restos arqueológicos" en este entorno, que está declarado de Bien de Interés Cultural (BIC).

Así, lamentó que la Delegación Provincial de Cultura paralizara en su días las obras del aparcamiento de la Avenida Constitución por el hallazgo de los restos de una plaza de toros de "un siglo de antigüedad", mientras que en Sevilla "no sucedió así".

Asimismo, García Montero mostró su "indignación" con que la Junta "permita" al Ayuntamiento de Sevilla instalar bloques de granito en el Parque de María Luisa y se "lo prohibiera" al de Granada en los jardines del Salón.

En este contexto, el edil cree que la Consejería de Cultura o sus representantes públicos han podido incurrir en un supuesto delito de prevaricación, ya que a su juicio han podido usar sus competencias "y su poder" para prohibir una serie de actuaciones en Granada de forma "injusta" y por motivos ideológicos", ya que el Ayuntamiento de Sevilla está gobernado por el PSOE, el mismo partido que gobierna en la Junta de Andalucía.

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