El Gobierno gallego estima que la respuesta del Consejo de Ministros al requerimiento de incompetencia que había planteado el pasado mes de abril no aporta "ningún argumento jurídico válido" que rebata que la ejecución de la legislación estatal en esta materia corresponde a la Comunidad Autónoma.

Así, la Xunta considera "inconstitucional" la resolución del 1 de febrero de 2010 del Servicio Público de Empleo Estatal por la que se convocan subvenciones públicas para ejecutar planes de formación de ámbito estatal.

Al respecto, argumenta que la doctrina del Tribunal Constitucional estipula que no existe una competencia específica derivada del poder de gasto, sino que ésta se ejercerá "dentro y no al margen" de la distribución de competencias establecidas por la Constitución y el Estatuto.

En este sentido, señala que el Estatuto de Autonomía recoge que la Comunidad gallega tiene la competencia para ejecutar la legislación del Estado en materia laboral. Así, alega que el Estado debe fijar el destino de condiciones de las ayudas, pero dejando la gestión a las comunidades autónomas, "previa territorialización de los fondos".

Otros recursos admitidos a trámite

El Constitucional ya ha admitido a trámite cuatro conflictos positivos de competencias presentados por el Ejecutivo de Alberto Núñez Feijóo contra regulaciones estatales que podrían invadir el ámbito competencial de la Xunta.

Así, el TC deberá decidir sobre recursos de la Xunta relacionados con un programa de subvenciones dirigidas a municipios, mancomunidades y comarcas para desarrollar iniciativas en favor de la población extranjera, otro contra unas ayudas estatales para actividades relacionadas con el patrimonio natural y la política forestal, otro sobre el decreto que regula la ordenación del sector pesquero y la adaptación al Fondo Europeo de Pesca (FEP) y un cuarto en relación a la resolución del Estado que regula las ayudas para formación e inserción laboral de los jóvenes desempleados.