El Partido Popular presentará un escrito en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) solicitando al juez instructor del 'caso Gürtel', Antonio Pedreira, que aclare si él asume personalmente la existencia de indicios de cohecho impropio y delitos electorales que se desprende de los informes aportados por la Fiscalía Anticorrupción sobre las relaciones entre empresas de Francisco Correa y la Administración valenciana, informaron a Europa Press fuentes de la acusación popular personada en esta causa.

Concretamente, el PP quiere que el instructor del caso confirme si asume o no los postulados y delitos apuntados en los informes aportados la Fiscalía o simplemente se ha limitado a inhibirse de la investigación en favor del tribunal superior valenciano, por afectar a aforados que competen a la jurisdicción de dicha comunidad autónoma.

En su auto, Pedreira explicaba que su inhibición estaba dirigida a evitar la prescripción de los supuestos delitos electorales y ante la posibilidad de que haya una hipotética conexión entre los presuntos delitos que se investigan en Valencia y los investigados en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

La inhibición ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJ de Valencia no supone prejuzgar sobre la responsabilidad penal de las personas aforadas y responde a la imposibilidad de que el TSJ de Madrid conozca de proceso alguno contra aforados que no sean de la Comunidad Autónoma madrileña, según advertía el juez en su auto.

Esta decisión se produce después de que hace unas semanas el Tribunal Supremo acordara reabrir la causa de los trajes contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, en la Comunitat Valenciana, que había decidido sobreseer la sala de lo civil y penal del TSJCV en contra del criterio del magistrado instructor.

Pedreira aludía en su auto a un informe de la unidad de auxilio judicial de 13 de abril de 2010 en el que se pone de manifiesto diversas irregularidades en dicha contratación, en cuyos expedientes intervinieron algunos de los imputados en el procedimiento que se sigue en Valencia.Asimismo, solicitaba la acumulación de los delitos electorales correspondientes a las elecciones celebradas en la Comunidad valenciana el 27 de mayo de 2007.

En este punto, el juez aludía a un informe de la AEAT de 6 de mayo de 2010 en el que se ponen de manifiesto diversas irregularidades en la contratación, contabilización y facturación entre Orange Market S.L. y el PP de la Comunidad valenciana. "La participación de Ricardo Costa Climent en estos hechos podría determinar una diferente valoración jurídica de los regalos percibidos por el mismo, y que son objeto del procedimiento tramitado ante el TSJM de Valencia", recoge el auto.

Nuevos datos

Según el auto, el avance producido en los últimos meses en el análisis de la documentación hallada en los registros practicados y en la documentación remitida por distintos entes públicos, ofrece "nuevos datos y determina una valoración nueva de los hechos objeto de esta causa en orden a la atribución de la competencia".

Así, la resolución resaltaba que "la correcta calificación jurídica de los hechos atribuidos a los imputados en el procedimiento" de Valencia impone "su investigación conjunta con la contratación de Orange Market S.L., tanto con el PP de Valencia como la Administración de dicha comunidad autónoma", a fin de "comprobar la posible relación entre los regalos investigados y los cargos de Rafael Betoret, Víctor Camps, Ricardo Costa y Francisco Camps.