Alejo, en declaraciones recogidas por Europa Press tras reunirse con sindicatos y empresarios para explicar las medidas 'Zurbano', aseguró que los guardias civiles están "en su sitio" después de que se hayan detectado presuntas irregularidades que se investigan mediante procedimientos internos y también por vía judicial.

El delegado del Gobierno incidió en que se trata de dos cargos de confianza, por lo que "se ha hecho lo que se tenía que hacer", apartarles de momento del servicio para que éste no se vea "contaminado" por las disputas de estas personas.

Además, destacó que lo importante es que el medio ambiente esté "adecuadamente vigilado" y protegido por el Seprona, por lo que las medidas van en esa dirección y añadió que se volvería actuar de la misma forma en cualquier momento.

Alejo se refería así a la decisión de la Dirección General de la Guardia Civil de cesar al jefe del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de Valladolid, el alférez Jesús U, y al sargento de la Oficina Técnica de la misma unidad, Francisco Javier M.M, ambos enzarzados en un cruce de denuncias sobre supuestas irregularidades en el desempeño de su actividad profesional.

La resolución se produjo a propuesta de la Dirección Adjunta Operativa (D.A.O), en virtud de la cual el primero de ambos abandona el cometido de jefe del Seprona y, en comisión de servicios, pasa a ser oficial adjunto de la 3ª Compañía Territorial, cuya oficina se encuentra en el Cuartel de Los Vadillos, en Valladolid capital.

Por contra, el sargento de la Oficina Técnica de esa misma sección del Seprona, Francisco Javier M.M, queda cesado igualmente pero de cualquier función en dicha unidad tras serle revocado su destino, con lo que, a pesar de que sigue dependiendo orgánicamente de la Comandancia de Valladolid, queda en su casa a la espera de que se le asigne un nuevo servicio.

Por el momento se desconoce la resolución que se adoptará con el tercer agente en discordia, Óscar J.A.I, miembro de uno de los dos equipos de investigación del Seprona y quien hasta el momento a hecho causa común junto con el anterior, Francisco Javier M.M, ambos respaldados por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), en el enfrentamiento que mantienen con el que hasta ahora era jefe de esta sección.

A éste, sus subordinados le denunciaron por asignarles servicios sin avisarles con la suficiente antelación, así como de apropiarse de un ordenador de la unidad, utilizar al personal como taxistas o para hacerle trabajos que debe presentar como alumno de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), además de cobrar un kilometraje por desplazamiento cuando en realidad el trayecto lo había realizado en el vehículo de otro agente.

El aludido, por su parte, denunció a los anteriores tras descubrir una serie de presuntas irregularidades cometidos por ambos a través de la Fundación Proyecto A.R.B.O.L, de la que son socios y con la asesoran en materia medioambiental a empresas y distintas instituciones, tales como ayuntamientos y diputaciones.

La pasada semana, la Fiscalía de Valladolid acordó abrir una investigación a los dos socios de esta fundación por si éstos pudieran haber incurrido en un delito de negociaciones prohibidas a funcionarios, previsto en el artículo 439 y siguientes del Código Penal, y/o cohecho del artículo 419 y siguientes del mismo texto legal, en respuesta así a la denuncia que por tales hechos presentó la UO.