La directiva vigente, de 1993, establece el tope de 48 horas laborales por semana, pero incluye como excepción el "opt-out", introducido a petición del Reino Unido y que se traduce en la posibilidad de ampliar el número de horas, siempre que el trabajador dé su conformidad.
Aunque esta legislación comenzó a revisarse en 2003, las divergencias entre países han impedido hasta ahora acordar un nuevo texto.
El 'opt-out', el punto de discordia
El opt-out es el principal punto de discordia, con dos bloques de países: el primero, liderado por el Reino Unido y en el que se incluyen Alemania, Austria y la mayoría de los países que se incorporaron a la UE en mayo del año pasado, que quieren seguir manteniéndolo. En el segundo bloque figuran España, Francia, Suecia, Bélgica, Grecia, Chipre, Finlandia, Portugal y Luxemburgo, que rechazan seguir aplicando y piden que se ponga una fecha límite a su uso.
Fecha límite al 'opt out'
Durante el debate de este jueves, Luxemburgo presentó una propuesta que fue respaldada por un buen número de delegaciones como base para avanzar hacia un acuerdo, entre ellas por España. En particular, proponía que la directiva diga "con toda claridad" que el máximo de horas laborales por semana es de 48, y que se ponga una fecha límite al "opt out", aunque permitiendo su aplicación posterior a los países que lo necesiten, siempre que se cumplan una serie de criterios.
A pesar del gran apoyo suscitado, Reino Unido no aceptó ninguna de las sugerencias de ese planteamiento y en su lugar presentó una última propuesta de compromiso, que fue rechazada por los países contrarios al opt out, a los que se sumaron Alemania, Letonia, la República Checa, Hungría y Eslovaquia.
"No podemos aceptar la propuesta por cuestiones de fondo y por principios", indicó Caldera en su intervención ante sus homólogos, en la que abogó por eliminar las excepciones que permiten ampliar la jornada laboral semanal.
El ministro criticó además que el Reino Unido no haya tenido en cuenta la posición del Parlamento Europeo, que el pasado mayo votó el texto en primera lectura, pronunciándose contra el mantenimiento de la cláusula del "opt-out" que permite la firma de contratos de más de 48 horas semanales.
En una rueda de prensa al término del Consejo, Caldera señaló que no cree posible que se logre desbloquear esta cuestión bajo presidencia británica por los grandes desacuerdos existentes. La reforma de esta legislación debe ser aprobada por procedimiento de codecisión entre el Consejo y el Parlamento Europeo.
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