Las defensas esperan, antes de pronunciarse sobre las posibles medidas procesales, que la Sala informe en la sesión de lo ocurrido, según indicaron algunos abogados a Europa Press, puesto que, apuntaron, sólo tienen conocimiento de los hechos pero no del contenido de los documentos.
El fiscal Anticorrupción, Juan Carlos López Caballero, remitió la pasada semana a la Sección Primera de la Audiencia, encargada del caso 'Malaya', un escrito indicando que al examinar un listado de piezas de convicción de dicha causa, contenido en un soporte informático, había observado documentos relativos a 'Ballena Blanca'.
En dicho escrito se estima que este hecho es un "mero error" producido "a la hora de embalar las dos causas" para el traslado a la Audiencia, instando a que se haga el desglose de los documentos y se trasladen a la causa correspondiente. En otro documento se precisan los números de las bridas y nombres de referencia.
En la providencia del Tribunal de 'Ballena Blanca' para informar a las partes y convocarlas se mantiene, no obstante, el señalamiento previsto para la sesión de hoy dentro del bloque que se juzga, en concreto la continuación de la declaración del jefe del grupo de Blanqueo de la Policía Nacional encargado de la investigación y dos testigos.
El caso 'Ballena Blanca' se desarrolla por bloques, afectando el primero al principal acusado, el abogado Fernando del Valle, a dos empleadas de su despacho y otras tres personas, entre ellas Sophiane H., uno de los clientes supuestamente "vinculado con actividades delictivas graves", según el fiscal, que habría utilizado el bufete.
En este bloque, ya han declarado los acusados y tres testigos, empleadas del despacho profesional de Del Valle, ubicado en Marbella; además del entonces jefe de la Sección de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional, que coordinó la operación y la investigación.
La Fiscalía Anticorrupción acusa a Del Valle de 141 delitos de falsedad de carácter continuado, 13 de blanqueo, tres contra la Hacienda Pública y uno de falso testimonio, y señala que su bufete daba a sus clientes, generalmente extranjeros y algunos "vinculados supuestamente a grupos criminales", cobertura para garantizarles el anonimato en sus inversiones.
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