En el preámbulo de la norma, el Gobierno subraya que la "dureza y profundidad" de la crisis ha llevado a todos los países industrializados a realizar un esfuerzo fiscal significativo para paliar las consecuencias de la crisis y preservar los niveles alcanzados de desarrollo y bienestar.

No obstante, precisa el Ejecutivo, como consecuencia de esta "imprescindible" política fiscal expansiva, las finanzas públicas han sufrido un "grave deterioro" que ahora debe ser corregido "como requisito esencial para alcanzar una recuperación económica sólida y duradera".

Según el Gobierno, las medidas de ajuste contenidas en este decreto, que ahora deberá convalidarse en el Parlamento, tratan de distribuir "de la forma más equitativa posible" el esfuerzo que toda la sociedad debe realizar para contribuir a la sostenibilidad de las finanzas públicas.

El Ejecutivo reconoce que, aunque no se van a ver afectados de manera inmediata los derechos concretos de los ciudadanos por la adopción de estas medidas, resulta "evidente" que su aprobación producirá unos "importantes efectos económicos".

El Gobierno espera que este paquete de medidas sirva para reducir el gasto público en 5.250 millones en 2010 y en 10.000 millones el próximo año.

La norma, aprobada en Consejo de Ministros el pasado jueves, incluye un recorte de las retribuciones de los funcionarios del 5% de media y la congelación de las pensiones en 2011, salvo las mínimas y las no contributivas.

En concreto, la rebaja salarial de los funcionarios oscilará entre el 0,5% y el 7% dependiendo del nivel de ingresos del grupo profesional y afectará a todo el personal de todas las Administraciones Públicas.

Para los altos cargos, la reducción se aplicará en una horquilla de entre el 8% y el 15%. Todas estas medidas se aplicarán a partir de las nóminas de junio y hasta el mes de diciembre —sin afectar a la paga de junio, pero sí a la de septiembre—. Tras este recorte, los salarios públicos quedarán congelados en 2011.

Adiós al cheque-

Bebé a partir de 2011.

Sobre las pensiones, el Gobierno garantiza el poder adquisitivo para 2010, con su revalorización si el IPC de noviembre supera el 1% establecido, dado que la congelación será efectiva el próximo año.

Las nuevas medidas del Gobierno incluyen también la eliminación de las prestación por nacimiento de 2.500 euros ('cheque-bebé') a partir de 2011, el recorte de los salarios de los miembros del Gobierno en un 15% y la eliminación del régimen transitorio para la jubilación parcial que se aprobó en 2007, lo que supone adelantar el acuerdo en el marco del Pacto de Toledo, que preveía su entrada en vigor para el 1 de enero de 2013.

Otras medidas van encaminadas a reducir el gasto farmacéutico, empezando por reducir el precio de medicamentos no genéricos excluidos del sistema de precios de referencia, de manera escalonada, entre un 10% y un 15%, teniendo en cuenta el año de registro de los medicamentos.

Asimismo, a partir de la entrada en vigor de la norma y hasta el 31 de diciembre de 2011, las entidades locales y sus entidades dependientes clasificadas en el sector Administraciones Públicas "no podrán acudir al crédito público o privado a largo plazo" en cualquiera de sus modalidades para financiar sus inversiones. Las operaciones a corto plazo concertadas para cubrir situaciones transitorias de financiación deberán quedar canceladas a 31 de diciembre de cada año, según consta en el decreto.

Como consecuencia de estas medidas, el Gobierno ha corregido a la baja cinco décimas el crecimiento previsto para el año 2011, que pasará del 1,8% planteado en enero al 1,3%. Sin embargo, la vicepresidenta económica, Elena Salgado, ha declarado que se trata de una estimación "muy conservadora" y no descarta que en 2011 se crezca por encima del 1,3%.