La Audiencia Nacional ha condenado a 1.040 años de cárcel a los etarras Igor Portu, Mattin Sarasola y Mikel San Sebastián como autores del atentado terrorista en la T-4 del aeropuerto de Barajas el 30 de diciembre 2006, en el que murieron dos ciudadanos ecuatorianos y con el que la banda terrorista ETA rompió su última tregua.

Así lo ha acordado la sección tercera de la sala de lo penal de este tribunal en una sentencia notificada este viernes en la que se condena a los tres terroristas. La Fiscalía pedía 1.120 años de prisión para cada uno de ellos.

El tribunal ha condenado a Portu, Sarasola y San Sebastián como autores de dos delitos de asesinato terrorista, 48 de asesinato terrorista en grado de tentativa -y no 52 como reclamaba el Ministerio Público- y uno de estragos terroristas.

Fin del "alto el fuego permanente"

En el atentado murieron los ciudadanos ecuatorianos Diego Armando Estacio y Carlos Alonso Palate y sufrieron heridas otras 41 personas y provocó la destrucción casi total de las instalaciones del módulo D y daños en un total de 313 vehículos. Los condenados deberán indemnizar con 500.000 euros a la familia de Carlos Alonso Palate y con 700.000 a la de Diego Armando Estacio, según establece la sentencia. El 10 de enero de 2007, ETA asumió la autoría de este atentado, que acababa con el "alto el fuego permanente" anunciado por la banda terrorista el 22 de marzo de 2006.

En el juicio desarrollado entre el 3 y el 6 de mayo, los condenados mostraron su negativa a declarar ante el tribunal y rechazaron responder a las preguntas del fiscal Daniel Campos, las acusaciones particulares, la acción popular ejercida por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y la abogada de la defensa.  

"No reconozco a este juzgado fascista y no voy a declarar", afirmó Sarasola. Portu aseguró que todo lo que "debería decir aquí" lo declaró "bajo tortura" y San Sebastián fue el último en negar el tribunal y acusarlo de "aceptar la tortura".

Las tres de las acusaciones particulares personadas en la causa han solicitado que el Estado fuera condenado como responsable civil subsidiario, una solicitud a la que se ha opuesto el Ministerio Fiscal y que el tribunal rechazó por "extemporánea".