Asimismo, en el marco de esta causa, que investiga el presunto desvío de fondos públicos a través de este organismo a empresarios próximos a UM en forma de contratos y subvenciones irregulares, han sido llamados también a declarar el 9 de junio Victoria Quijano y el ex-concejal de UM en Sóller, Antonio Arbona.

Por otro lado, también serán interrogados de nuevo el 10 de junio, en calidad de imputados, el ex conseller de Turismo Francesc Buils el ex director general de Calidad Ambiental y ex gerente del Instituto de Estrategia Turística del Govern (Inestur), Antoni Oliver, y el gerente del Instituto de Inversiones para la Mejora del Entorno Turístico (Imet) y concejal de Alaró, Antoni Rebassa.

Fue el pasado 14 de abril cuando la jueza acordó levantar el secreto de sumario de la causa, por la que han sido detenidas una veintena de personas, entre ellas Buils y Oliver, además del también ex conseller de Turismo Miquel Nadal, el ex director general de Planificación Turística, Joan Sastre, el ex presidente de UM Miquel Àngel Flaquer, y varios empresarios vinculados a la formación 'uemita'.

Además, nueve de los arrestados se encuentran en libertad bajo fianza. Cinco de ellos, Nadal, Flaquer, Sastre, Oliver y el contable de UM Álvaro Llompart eludieron ingresar en prisión tras depositar cauciones de entre 75.000 y 100.000 euros que el juez les impuso el pasado 6 de febrero, mientras que en la segunda fase de la operación, Buils, el empresario Jacinto Farrús y dos propietarios de la empresa de informática Minser, Gabriel Rivas y Juan Carlos Escuer, tuvieron que constituir 100.000 euros de fianza el pasado 19 de marzo.

Las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción se iniciaron a raíz de la denuncia presentada por la administradora única de la mercantil Cubic Asesoramiento Empresarial, Margarita Munar, en la que puso de manifiesto que esta empresa se presentó a un concurso sobre 'benchmarking', por un importe de 360.000 euros, al que se presentaron un total de 13 licitantes, y aseveró que el concurso fue "manipulado" ya que el objetivo del mismo era beneficiar a la UTE formada por THR y Tourin Consulting -vinculada al empresario de la comunicación Jacinto Farrús-.

En concreto, las pesquisas llevadas a cabo hasta el momento apuntan a que pudieron cometerse los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa, fraude a la administración y cohecho. La operación fue abierta el pasado 3 de febrero por orden del Juzgado de Instrucción número 10, encargado del caso tras la querella interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción.