Estas conclusiones inciden en la definición de los procesos generales de la actividad ejecutiva y su trascendencia en la estructura orgánica, la aprobación de las líneas generales de trabajo, la definición de la interrelación de este servicio con los configurados dentro de la estructura orgánica, informa el Ejecutivo regional en un comunicado.

Además de la definición de los criterios adecuados en orden a la itineración de procedimientos que genere la actividad ejecutiva, la definición de propuestas y criterios de transferencia de asuntos desde los órganos judiciales al futuro Servicio Común de Ejecución y la definición de las actuaciones previas necesarias a su puesta en funcionamiento.

Este documento, que permitirá, en un principio, diseñar este servicio para los partidos de Arona y Arrecife y dimensionarlo, con carácter general, para el resto de partidos judiciales de Canarias, se entregará oficialmente a los miembros de la Comisión Técnica de Coordinación, en su próxima reunión.

Ordenación del procedimiento

Por otra parte, el Gobierno regional destaca que el pasado vienes se constituyó el grupo de trabajo, también dimanante de la Comisión Técnica de Coordinación para la Nueva Oficina Judicial, encargado de la realización de los estudios necesarios para la puesta en funcionamiento del Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento.

En esta primera reunión, los responsables de la Unidad de Apoyo a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia encargada de la Oficina Judicial presentaron una propuesta de trabajo para el Grupo, punto de partida de un debate en el que se abordaron diversos temas relacionados con el estudio, planificación y organización de este Servicio Común Procesal.

Desde el Gobierno de Canarias se considera "esencial" la puesta en funcionamiento de este Servicio Común, para la ordenación de trámites de todos los procedimientos que se tramiten en un partido judicial.

Su puesta en funcionamiento requiere obtener un informe favorable vinculante por parte del Consejo General del Poder Judicial, de acuerdo con el artículo 438.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Este grupo de trabajo está compuesto por Pedro Herrera, magistrado designado por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, la secretaria coordinadora provincial de Las Palmas de Gran Canaria, María Teresa Bringas, Gregorio Pérez, como vocal propuesto por la Junta de Personal, y los miembros de la Unidad de Apoyo a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia encargada de la Oficina Judicial.