El fallo judicial, precisamente por los tres recursos que están pendientes en el Supremo, califica de "prematura" la petición solicitada. Sin embargo, según la empresa, el Tribunal deja constancia de que la compañía tendría "la puerta abierta" a solicitar por el lucro cesante y el daño emergente, valorado por la compañía en su momento en 330.979.220 euros, si el Supremo finalmente no autoriza la mina a cielo abierto. La cantidad solicitada se referenciaba en el precio del oro del 2006, que rondaba los 525 dólares la onza.

Astur Gold respeta "escrupulosamente" esta decisión judicial y espera que el Gobierno se siente a negociar con los responsables de la empresa, ya que, entre otros, según una carta fechada en 2008, el POLA no afectaría al posible desarrollo de una explotación subterránea.

Los responsables de Dagilev Capital muestran su deseo de poder intercambiar opiniones con los responsables políticos al respecto. "Nosotros hemos heredado estos procesos judiciales pero hemos venido a España a crear empleo y riqueza. Pagaremos los impuestos que sean preceptivos al Principado y a las entidades locales y, en definitiva desarrollaremos un proyecto que redundará en beneficio de la comunidad", explica Cary Pinkowski, Consejero Delegado de Astur Gold.

Por su parte, el presidente de Astur Gold, Emilio Hormaeche, señala que están recibiendo un apoyo muy importante de las asociaciones empresariales, sindicatos y gente que lo único que quiere es trabajar. "Vamos a crear 250 puestos de trabajo directos y 250 indirectos. Queremos hablar con el Gobierno y alcanzar un acuerdo", señaló.

La compañía seguirá trabajando para intentar alcanzar un acuerdo extrajudicial que sea aceptable para todos y genere riqueza en la zona, ya que cree que la mejor solución es el "diálogo con los responsables políticos".