A la espera de que se concrete la convocatoria oficial del CPFF, el Ejecutivo que preside José Antonio Griñán ya tiene decidido convertir la Ley de Dependencia en su principal "caballo de batalla" ante el Gobierno central y el resto de autonomías por delante de otros argumentos que viene defendiendo en las últimas semanas, como la ponderación de la aportación al déficit en función del nivel de endeudamiento acumulado por cada comunidad, ya que Andalucía es superada ampliamente por regiones como Cataluña, Madrid o Comunidad Valenciana, informaron a Europa Press fuentes de la Junta.

También se pretende poner en valor el hecho de que Andalucía lidera el ranking nacional en la mayor parte de las estadísticas relacionadas con la Ley de Dependencia, ya que, por ejemplo, concentra 40.000 de los 100.000 puestos de trabajo creados en torno a la norma y el 52 por ciento del total de personas atendidas con ayuda a domicilio.

De hecho, el propio presidente andaluz, José Antonio Griñán, ya puso el acento en esta cuestión el pasado jueves durante su debate con el líder de la oposición, Javier Arenas, en la sesión de control al gobierno del Parlamento, cuando destacó que en Andalucía hay 155.550 beneficiarios reales de la Ley de Dependencia, mientras que las cinco comunidades del PP más pobladas suman entre todas 150.505 personas atendidas.

"Si usted le dice a sus compañeros que en el CPFF pidan que se financie por reconocimientos reales, Andalucía no tendrá que hacer recorte ninguno", dijo entonces Griñán a Arenas apelando a su condición de vicesecretario de Política Regional y Local del PP a nivel nacional. En la misma línea, el portavoz del PSOE en el Parlamento andaluz, Mario Jiménez, también ha resaltado en los últimos días que una sola provincia como Jaén registra más reconocimientos efectivos de prestaciones por la Ley de Dependencia que toda la Comunidad de Madrid, que preside la 'popular' Esperanza Aguirre.

Junto a ello, el Gobierno andaluz apoya la decisión del Ejecutivo central de eliminar la retroactividad en la aplicación de la Ley de Dependencia y rechaza que suponga un recorte social porque su objetivo es agilizar los trámites para que todas las personas dependientes en España reciban la ayuda en el plazo de seis meses que establece la ley y que, a día de hoy, no cumplen todas las comunidades autónomas.

Así, la consejera para la Igualdad y el Bienestar Social, Micaela Navarro, ya defendió el pasado miércoles la propuesta de Rodríguez Zapatero es una forma de continuar "garantizando" las prestaciones sociales existentes puesto que, según indicó, hay veces que "precisamente para garantizar dichas ayudas, hay que tomar determinadas medidas".