El Consejo General del Poder Judicial ha aplazado su decisión sobre el traslado temporal a la Corte Penal Internacional del juez Baltasar Garzón, que este viernes ha sido suspendido cautelarmente de sus funciones en la Audiencia Nacional.
El CGPJ requiere al TPI que confirme el ofrecimiento de un contrato al juez y si ello tiene inmunidad procesal
Así lo han informado fuentes del órgano de gobierno de los jueces, que han señalado que los miembros de la Comisión Permanente del CGPJ han acordado pedir nuevos informes sobre el asunto, entre ellos uno a la sala de lo penal del Tribunal Supremo, la encargada de juzgarle por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo.
El Consejo ya ha comunicado a Garzón que aún no hay respuesta a su petición de traslado, según las mismas fuentes. El juez había pedido el traslado este martes, al aceptar "la invitación por carta" recibida de Luis Moreno Ocampo, fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional (TPI), para trabajar como asistente en La Haya.
Según las mismas fuentes, una vez se reciban los documentos solicitados, la Comisión Permanente se reunirá con carácter inmediato para adoptar una decisión.
La situación administrativa del juez
La Comisión, integrada por el presidente del Consejo Carlos Dívar y los vocales Margarita Robles, Almudena Lastra, Antonio Dorado y Manuel Almenar, busca aclarar si la actual situación administrativa de Garzón, una vez suspendido, modifica lo informado sobre su petición de traslado al TPI hace tan sólo unos días, cuando todavía era un juez en activo.
El Servicio de Personal del CGPJ desaconsejó el traslado por no cumplir la oferta con los requisitos de ley
Así, además de pedir informe al Supremo, se solicita a la Fiscalía del TPI que, a la vista de la nueva situación de Garzón, indique si confirma el ofrecimiento de un contrato de consultoría para el juez como asesor externo y si dicho contrato lleva implícita algún género de inmunidad procesal.
Igualmente, se solicita tanto al fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, como al Ministerio de Asuntos Exteriores, que informen sobre la petición hecha por Garzón de ser declarado en la situación de servicios especiales a la vista de la medida de suspensión cautelar adoptada por el Pleno.
El curso de las actuaciones
Al Supremo se le informa de la solicitud de Garzón y se le pide que opine acerca de si la misma afecta al curso de las actuaciones penales que se encuentran en trámite contra el magistrado de la Audiencia Nacional.
Finalmente, el propio Consejo General deberá emitir un informe que aclare si procede la petición de Garzón una vez ya ha sido acordada y notificada formalmente su suspensión cautelar.
Estos informes se añadirán a los cuatro que el CGPJ solicitó el pasado martes para estudiar la petición de Garzón. Entre ellos se encuentra uno realizado por el Servicio de Personal del propio CGPJ que desaconsejaba el traslado por no cumplir la oferta dada a Garzón con los requisitos que marca la ley para declarar a un juez en situación de "servicios especiales".
El resto de informes son favorables a la solicitud, y son el del Ministerio de Asuntos Exteriores declarando "de interés" la presencia del juez de la Audiencia Nacional en el TPI; uno del servicio de Inspección del Consejo sobre el estado en el que se encuentra su juzgado, y un tercero de la Fiscalía del TPI, que fue enviado por fax a la pocas horas de ser solicitado y concretaba la oferta.
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