La comparecencia del presidente de la Generalitat, José Montilla, ante la Comisión General de las Comunidades Autónomas tendrá un coste de 6.500 euros para el Senado, debido a que serán necesarios siete intérpretes en las cuatro lenguas oficiales.

Fuentes de la Cámara Alta han indicado que éste es el coste de la traducción a las lenguas cooficiales que tuvo la reunión que la Comisión General de las Comunidades Autónomas celebró el 23 de octubre de 2008, ante la que compareció la entonces ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado. El próximo 24 de mayo, siete intérpretes permitirán que los representantes autonómicos puedan intervenir en sus respectivas lenguas cooficiales en la Comisión, en la que Montilla buscará el apoyo de otras autonomías a su ofensiva para acelerar la renovación del Tribunal Constitucional y desbloquear la sentencia sobre el Estatut de Catalunya.

Al igual que en las últimas reuniones de la Comisión General de las Comunidades Autónomas, el Senado contratará a dos traductores para el catalán, dos para el euskera, dos para el gallego y uno para el valenciano. Los siete trabajarán, por turnos, en el desarrollo de la comisión, que permite el uso de estas lenguas desde que en 1994 el Senado modificara por primera vez su Reglamento con este fin.

El Reglamento establece asimismo el uso de las lenguas cooficiales al debate del Estado de las Autonomías, el primer discurso del presidente del Senado, la publicación en el Boletín de las Cortes Generales de las actividades no legislativas y los escritos de ciudadanos e instituciones dirigidos a la Cámara. La Cámara Alta aprobó el pasado 28 de abril la toma en consideración de una iniciativa para ampliar el uso de las lenguas cooficiales a todos los trabajos del Senado, con el voto en contra del PP, que considera que este uso tendrá un coste económico superior al millón de euros.

El presidente del Senado, Javier Rojo, se ha dirigido ya a los presidentes autonómicos para anunciarles la convocatoria de la Comisión, y pedirles que designen a sus representantes. Las autonomías no tienen obligación de confirmar o excusar su asistencia antes de la reunión que, por primera vez, se celebra a petición de un presidente autonómico.