Fijada para hoy la audiencia preliminar con dos recursos en contra del auto que convoca la vista

El Juzgado de Instrucción número dos de Sevilla ha fijado para hoy viernes una audiencia preliminar a la que están convocadas todas las partes personadas en las diligencias del supuesto intento de soborno de la que fuera edil no adscrita del Ayuntamiento de Camas Carmen Lobo, caso que podría concluir entonces su fase de instrucción aunque el ex concejal del PP Antonio Enrique Fraile ha solicitado el sobreseimiento de la causa por lo que a él se refiere, dado el reciente informe del área de Acústica del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil.

El abogado de Antonio Enrique Fraile, Pedro Pérez, informó a Europa Press de que el Juzgado de Instrucción número dos ha convocado para hoy la mencionada audiencia preliminar, todo ello a pesar de que tanto él como el letrado de Agustín Pavón han recurrido en contra de la celebración de la misma, entendiendo que podría ser "nula de pleno derecho", además, por el hecho de que se celebre sin antes resolver los recursos en contra del auto del pasado día 6 de abril por el que se convocaba dicha audiencia.

Esta vista preliminar podría poner fin a la fase de instrucción del procedimiento, que comenzó después de que el 14 de septiembre de 2005, fuesen detenidos Fraile, entonces edil del PP en el Ayuntamiento camero; José del Castillo, concejal adscrito al PA; y el empresario Eusebio Gaviño, todos ellos hoy imputados junto con el por entonces alcalde y actual coordinador local de IU-CA, Agustín Pavón.

Aureliano Lucas, por entonces concejal del PP en el Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán, fue también llamado a declarar e incluido en las diligencias hasta que en octubre de 2008 se decretó su exculpación, toda vez que meses antes, en mayo, la Audiencia Provincial decretó nula la intervención del teléfono usado por Gaviño al considerar que el auto que autorizaba dicha intervención ofrecía "un vacío total y absoluto de motivación", ya que en éste "no se consigna un solo indicio real que permitiera al juez una presunción razonable de los supuestos delitos" investigados.

Este auto, no obstante, aclaraba que dicha nulidad "no implica el archivo de las actuaciones", pues existen distintas pruebas tales como la denuncia que destapó los hechos, grabaciones audiovisuales o declaraciones, entre otras, que "son fuentes de investigación y de prueba que no están contaminadas por la nulidad", de forma que el juez instructor, a quien la Audiencia devolvió entonces las actuaciones, "dispone de material de investigación para esclarecer los hechos denunciados y concretar la posible participación de los imputados".

Cotejo de voz

Desde entonces, el movimiento más destacable está protagonizado por el informe elaborado por el área de Acústica del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil en cuanto a las pruebas de voz practicadas a los cuatro imputados y las muestras atribuidas a cada uno de ellos en la grabación que constituye una de las principales pruebas de las diligencias.

El informe concluye que "no es posible realizar un cotejo de voz" por lo que a las muestras atribuidas a Fraile se refiere, mientras en el caso de los restantes tres imputados, este informe fonético lingüístico resuelve que "los resultados de los análisis" realizados entre la grabación original y las pruebas de voz "indubitadas" son "más fáciles" de "observar si aceptamos como cierta la hipótesis de que han sido realizados por una misma persona que por una tercera persona con características lingüísticas similares".

La Fiscalía de Sevilla ya hizo entrega en el Juzgado de Instrucción número 2 de un escrito de calificación en el procedimiento por tribunal del jurado del 'caso Camas' por el presunto intento de soborno a la ex edil Carmen Lobo, en el cual se solicita un año y medio de prisión para el ex alcalde, Agustín Pavón; los ex ediles del PP y el PA en el Consistorio camero Antonio Enrique Fraile y José del Castillo; y el empresario Eusebio Gaviño.

El Ministerio Público, que reafirmó entonces la exculpación en el caso del ex concejal del PP de Castilleja de Guzmán (Sevilla) Aureliano Lucas, acusa a los implicados de un presunto delito de cohecho, por el que además solicita para cada uno una accesoria de inhabilitación especial para cargo público y una multa de 24.000 euros.

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