El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Santander ha ordenado al Ayuntamiento de Argoños iniciar en el plazo de 15 días el derribo de 16 viviendas en la urbanización Las Llamas I.
En tres providencias dictadas el pasado día 20 de abril, el juzgado insta al alcalde, el 'popular' Juan José Barruetabeña, a comenzar los pasos para la demolición de las viviendas en ese plazo y le advierte de que, de no hacerlo, será multado con sanciones de entre 300 y 1.500 euros.
La Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), que agrupa a afectados por las sentencias de derribo, difundió hoy esas tres providencias que, según dice, generan "miedo y desesperación" entre los vecinos.
El Juzgado ha dictado tres providencias porque las demoliciones también fueron acordadas en diferentes sentencias, no para el conjunto de las 16 viviendas. No obstante, los argumentos y las consideraciones de las tres resoluciones son idénticas.
En ellas, se señala que la "dilación" en el tiempo para la ejecución de las sentencias está siendo "extremada" y, ante la petición de ARCA para que se ejecute el fallo, el Juzgado ordena al Ayuntamiento comenzar los derribos en el plazo de 15 días.
Al mismo tiempo, comunica al alcalde que si en ese tiempo "no se ha adoptado ninguna medida tendente a hacer posible la ejecución material del derribo" le impondrán multas de entre 300 y 1.500 euros.
"historia sin final"
En un comunicado, AMA lamentó que la situación de los afectados "parece una historia sin final de un maltrato continuado de familias inocentes", mientras "los condenados, los verdaderamente culpables, están en sus casas sin imputación alguna".
La asociación recalcó que estas viviendas están "en terreno urbano, reconocido en la propia sentencia, donde sin ninguna duda se volverá construir". De hecho, asegura que ya hay 21 viviendas proyectadas.
Además, señaló que tienen uno 60 metros cuadros y una altura aproximada de cuatro metros, y en cambio, "a menos de 300 metros está la Depuradora de San Pantaleón, una mole de hormigón de más de diez metros de altura" y "no tiene ningún problema de impacto ambiental".
AMA explicó que en las sentencias sobre estas viviendas se decía que desde la carretera comarcal no dejan ver el monte situado detrás de ellas, pero agregó que en la actualidad "desde la carretera comarcal lo que no se ven son las viviendas, ya que hay dos urbanizaciones por delante que las tapan" y, sin embargo, son "totalmente legales".
Por otro lado, recordó que las familias que viven en esas casas tuvieron que acabar ellos mismos las construcciones por la promotora "les dejó tirados".
"Les ha maltratado la constructora dejándoles tirados con las viviendas inacabadas, les ha mentido y engañado el Ayuntamiento que ha dado todos los permisos habidos y por haber, con la ayuda y colaboración del Gobierno de Cantabria. Y la justicia nunca les ha amparado, ni de los especuladores, ni de la corrupción urbanística, ni de los actos ilícitos de las propias administraciones", sentenció.
AMA afirmó que cuando se construyeron las 263 viviendas con sentencias de derribo en Argoños era alcalde Joaquín Fernández San Emeterio y consejero en materia de Urbanismo Miguel Ángel Revilla, actual presidente regional.
Por ello, la asociación pide a Revilla que "facilite la solución que debe a todos los afectados" porque "no puede seguir sin asumir su cuota de responsabilidad y sin resolver este grave problema".
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