La decisión municipal era previsible después de que el alcalde Alberto Ruiz Gallardón hubiese amenazado con precintar el local si intentaban abrirlo sin licencia de funcionamiento. Un permiso que, según el representante legal de Adraba, se les ha otorgado por silencio administrativo positivo.

La céntrica discoteca dió la vuelta al mundo el 17 de diciembre de 1983. Cuando sólo faltaba un cuarto de hora para que cerrase el local, un pequeño cortocircuito convirtió la sala de baile en un infierno. El fuego se propagó con la velocidad con la que arden la tela, el cartón y el plástico, los tres materiales con los que estaban decorados los tres pisos de la discoteca. Pero apagar o escapar de los 5.000 kilos de adornos altamente inflamables era casi imposible: las puertas de emergencia estaban bloqueadas y los extintores no funcionaban.

Aquella noche pre navideña murieron 82 personas. Carbonizadas, intoxicadas, asfixiadas o aplastadas fueron víctimas de la ausencia  de medidas de seguridad y protagonistas de una de las peores y más recordadas tragedias de la capital.

La justicia no actuó hasta 11 años después del incendio. La Audiencia Provincial de Madrid condenó a dos años de cárcel a los cuatro propietarios de Alcalá 20, al electricista y al inspector de Interior que no detectó el peligro.