La entidad se manifestó de esta manera tras conocer que el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha asegurado que su departamento apoyará la transferencia a las comunidades autónomas de la competencia de la gestión del personal al servicio de la Administración de Justicia.
Al respecto, rechazó de plano esta medida. "Una cosa es la transferencia en la gestión de medios a las CCAA; y otra la creación de 'justicias' independientes dentro del mismo Estado. Ello, además de inconstitucional, es peligroso, ineficaz y contrario a la igualdad", alertó.
En este sentido, considera que los funcionarios son un colectivo único a nivel estatal al que se accede por "un riguroso y transparente sistema de oposición al margen de presiones o manipulaciones políticas". "Esta es la mejor garantía para que la Justicia siga siendo un poder independiente al servicio de los ciudadanos además de un sistema de control ante posibles desviaciones o excesos de la propia administración", opinó.
Ante esta situación, la Central Sindical anunció que va a oponerse frontalmente a esta medida, y argumentó que la pretensión del Ministerio llevará a "multiplicar por 17 el número de políticos dispuestos a dilapidar nuestros presupuestos para manipular a la Justicia". "Si las CCAA pasan a diseñar sus respectivas administraciones según sus conveniencias políticas, el perjudicado, como siempre, va a ser el ciudadano", advirtió.
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