El Gobierno deroga la "acción oro" por la que el Estado controlaba a algunas empresas privatizadas

El Gobierno deroga la "acción oro" por la que el Estado controlaba a algunas empresas privatizadas

El Gobierno derogó el viernes la denominada "acción de oro", instrumento de control que se reserva el Estado sobre algunas empresas privatizadas y que, en el caso de España, todavía mantenía en Iberia, Telefónica, Repsol-YPF y Endesa.

La derogación de la acción de oro será tramitada como ley, por lo que el Consejo de Ministros dio hoy el visto bueno el proyecto de ley que ahora se remitirá al Congreso de los Diputados, donde iniciará su gestión parlamentaria.

Con esta derogación, el Ejecutivo español acata la petición de la Comisión Europea, que el pasado julio instó a España a ejecutar la sentencia del Tribunal de Justicia sobre la acción de oro, después de que en mayo de 2003 considerase que este privilegio restringía la libre circulación de los mercados.

Para suprimir la "acción de oro", se deroga el régimen de enajenación de participaciones públicas en determinadas empresas que estableció la ley de privatizaciones de 1995, apuntó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega.

Fernández de la Vega explicó que con esta decisión se pretenden "zanjar definitivamente" los problemas surgidos entre la normativa española y la europea, acatar la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE y evitar así posibles sanciones, por su incumplimiento, por parte de la Comisión Europea.

Además, la vicepresidenta primera señaló que, "en la actual situación", los controles públicos resultan ya "innecesarios", y mantenerlos "podría suponer un lastre para el funcionamiento de las empresas" en las que se mantenía esta potestad y que, recordó, ya están privatizadas.

Recordó que la ley de privatizaciones de 1995 instauró un régimen de "autorización administrativa previa para la enajenación a terceros de porciones significativas de capital social" que contenía algunos preceptos considerados "contrarios al derecho" por el Tribunal de Justicia de la UE.

El Gobierno anterior modificó la citada ley en 2003, dentro de la ley de acompañamiento a los Presupuestos del Estado de 2004, para cumplir la citada sentencia aunque, según explicó la vicepresidenta, la Comisión Europea consideró que aquella modificación era "insuficiente desde el punto de vista comunitario" y no daba total cumplimiento a la resolución judicial.

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