El derribo, que afecta sólo a las plantas superiores del edificio, comenzó entre especiales medidas de seguridad. De hecho, al lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local y la Guardia Civil.

En el interior del inmueble había seis inquilinos, que abandonaron las viviendas a requerimiento de las fuerzas del orden. No obstante el propietario fue detenido porque no accedió voluntariamente al desalojo; mientras su esposa y su abogado tramitaban en el Juzgado de Cambados una denuncia por allanamiento de morada ya que, denunciaron, la demolición es "un atropello".

Por su parte la alcaldesa de Sanxenxo, Catalina González, aseguró que el Ayuntamiento tiene "todos los permisos necesarios" para ejecutar el derribo, que según informó, costará 140.000 euros, a cargo del propietario.

De este modo, el gobierno municipal prevé que se derriben las cuatro últimas plantas del inmueble, además de transformar la planta baja en una planta semisótano pues la licencia concedida en 1984 permitía construir en la parcela dos viviendas de dos pisos de altura.

Catalina González lamentó el desenlace de este conflicto y reprochó que se haya dilatado tanto en el tiempo —26 años—. "Aún encima se sigue intentando poner atrancos", censuró.

El abogado de los dueños del Boavista, Carlos Corredoira, informó de que a primera hora de mañana planteará nuevas protestas ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) para intentar paralizar una actuación. Es el primer derribo de esta magnitud en Sanxenxo pero la alcaldesa advirtió de que "están a punto de caer algunos más".