La consejera de Vivienda y Ordenación del Territorio, Amelia Salanueva, presentó en rueda de prensa los datos del I Plan de Control e Inspección de Vivienda y defendió que esta campaña garantiza "el cumplimiento de la ley para beneficio de los ciudadanos, a quienes se les asegura una vivienda de calidad, en plazo y con la garantía de que los adjudicatarios de vivienda protegida cumplen los requisitos exigidos".

El objetivo de esta labor de inspección, según indicó Salanueva, es doble, por un lado "de justicia, de cumplir lo que marca la ley", y por otro lado, interceptar a quienes "pretendan burlar lo que establece la ley en una materia tan sensible como es para los ciudadanos el acceso a la vivienda". Las acciones de este plan tiene cuatro ejes fundamentales: promoción y edificación de viviendas; adjudicación; transmisión y cesión; y destino y uso de la vivienda.

En relación con el control del uso de la vivienda protegida como domicilio habitual y permanente, en 2009 se requirió a 1.001 titulares los datos del consumo de agua, gas y electricidad (411 en Pamplona, 354 en Sarriguren, 105 en Artica, 81 en Huarte, 19 en Cascante, 12 en Zizur Mayor, 10 en Cortes, 7 en Noáin, 1 en Olloki y 1 en San Adrián).

De estas 1.001 viviendas, 431 fueron VPO (vivienda de protección oficial), 459 VPT (vivienda de precio tasado) y 111 de Régimen Especial. Asimismo, se solicitó los consumos a 448 propietarios de viviendas acogidas a rehabilitación protegida, en este caso en localidades del ámbito rural. Hace cinco años tan sólo se realizaban alrededor de 200 actuaciones para comprobar el uso habitual de la vivienda.

A quienes no presentan estos consumos se les hace una inspección a través de la Policía Foral. En este sentido, en 2009, los agentes realizaron 282 inspecciones (82 más de las previstas inicialmente) a aquellas viviendas que en 2008 fueron objeto de sanción y a las que no entregaron los datos de consumo.

En total, cien personas fueron expedientadas pero finalmente se sancionó a 57, ya que más de la mitad de los expedientados justificaron que vivían en el domicilio habitualmente. Cuando la infracción es grave (un año sin habitar la vivienda) la sanción es de 4.500 euros y la expropiación al tercer aviso, aspecto que se modificará con la nueva ley de vivienda.

Según señaló Salanueva, se prevé que esta norma se apruebe este jueves y endurecerá la sanción con la posibilidad de expropiar al primer aviso a quienes lleven más de un año sin utilizar su vivienda como domicilio habitual.

La consejera adelantó que en 2010 la Policía Foral ha realizado ya un alto porcentaje de las aproximadamente 400 visitas que tiene previsto realizar este año.

Otros ejes de actuación

Dentro del Plan de Control e Inspección de Vivienda 2009-2010, se contemplan tres ejes más de actuación: promoción y edificación; adjudicación; y transmisión y cesión de VPO.

En relación con el control del cumplimiento de la normativa básica de edificación en 2009 se alcanzó el 100% de lo previsto. Para ello se controlaron en vivienda protegida las 1.448 en fase de proyecto y 2.875 construidas, esto es la totalidad, y el 60% de las viviendas libres.

Con esto se logró la consecución del objetivo del plan de controlar, al menos, todos los edificios de más de diez viviendas que se construyeran en la Comarca de Pamplona. En cuanto a la rehabilitación protegida se controlaron las 5.502 viviendas para las que se solicitó esta calificación.

En este sentido, Amelia Salanueva destacó que "gracias a las ayudas del Gobierno de Navarra el número de rehabilitaciones se multiplicó por cuatro respecto a 2008". En lo que va de 2010 se han controlado 612 viviendas con calificación provisional y 513 con calificación definitiva. Y en cuanto a las rehabilitaciones ya se han inspeccionado más de 4.300 viviendas, sumando las que han iniciado proyectos con las que los han terminado.

Con respecto al control de la adjudicación de vivienda protegida, el plan tiene por objeto garantizar que todas las viviendas sean adjudicadas previa convocatoria pública y bajo la aplicación del baremo y que los adjudicatarios cumplan los requisitos exigidos.

Por este motivo, en 2009 se estudiaron 2.262 contratos de compraventa firmados, de los cuales 94 se denegaron (sobre todo porque no cumplían los requisitos o porque tenían otra vivienda) y no se admitieron 25 (en su mayoría porque el contrato presentado por el promotor no era legal).

Estas acciones fueron posibles gracias al intercambio de datos con Hacienda, el acceso directo a los datos del servicio de Riqueza Territorial y con otras medidas como el convenio de colaboración con los Registradores de la Propiedad. En lo que va de año, Salanueva ha adelantado que "se han inspeccionado 500 contratos de compraventa de vivienda protegida".