El pleno del Ayuntamiento de Oviedo aprobó hoy con los votos en contra de PSOE y Asciz el proyecto de convenio con la empresa Comamsa con el que se prevé saldar la deuda de expropiación del palacete de Villa Magdalena a cambio de la cesión de subsuelo en el paseo de los Álamos, la plaza de la Escandalera, la calle Toreno y parte de Uría para la construcción de tres aparcamientos con un total de más de 1.500 plazas de garaje. El convenio implica también la cesión del aparcamiento de Los Prados para la construcción de viviendas libres y más plazas de aparcamiento.

En la sesión plenaria extraordinaria presidida por el edil de Economía, Jaime Reinares, en ausencia del alcalde, éste valoró que la operación supondrá, entre otros beneficios, la creación de decenas de empleos asociados al mantenimiento de los aparcamientos y centenares a la ejecución de las obras. A su juicio, se trata de un proyecto "emblemático" que convertirá a la ciudad en "un ejemplo".

El concejal de Urbanismo, Alberto Mortera, señaló que la obra supondrá la peatonalización de dos hectáreas de terreno en el centro de Oviedo, "sin un euro de coste para los ovetenses". "¿Creen que Gijón, Avilés o Langreo dejarían pasar esta oportunidad?", preguntó.

Por su parte, la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Paloma Sainz, indicó que se trata de "un expolio y de una aberración jurídica" que se dirimirá en los tribunales y advirtió de las posibles consecuencias para los concejales que lo apoyen. "Vamos a ir a por todas", señaló la edil. Durante su intervención, ofreció al alcalde un pacto para sentarse y pensar "la mejor manera de hacer las cosas". Incidió en que la operación supone "arrodillarse ante la empresa y atarse una soga al cuello".

Como en anteriores ocasiones, lamentó además que el acuerdo reportará a la empresa "más de cien millones de euros de cifra de negocio, para abonar el pago de una biblioteca valorada en tres".

Un ajuste de cuentas

El concejal de Asamblea de Ciudadanos por la Izquierda (Asciz), Roberto Sánchez Ramos, indicó que el convenio es "un ajuste de cuentas entre el propietario de Comamsa -Miguel Ángel Menéndez del Fueyo- y el alcalde de Oviedo", que pretende "que la ciudad pague lo que es una responsabilidad política de quien se negó a pagar las cantidades que reclamaban los tribunales por Villa Magdalena".

A su juicio, el convenio da lugar a "un monopolio" que supondrá que la futura construcción de cualquier aparcamiento obligue a abonar "indemnizaciones millonarias".

Jaime Reinares criticó que Paloma Sainz "no ha entendido nada del expediente" y se refirió a la nueva imagen que tendrá la calle Uría tras cuatro años de obras como "una maravilla". Aclaró que se trata de un acuerdo para el pago en especie que está recogido en la ley y subrayó que la operación "no implica ningún monopolio", porque "no prohíbe construir más aparcamientos". "¿Con qué bagaje jurídico dice usted que no cumple con la legalidad?", le recriminó.

Por otra parte, el pleno rechazó, con la oposición de los populares y la abstención de los socialistas, la propuesta de Asciz de dejar sobre la mesa el acuerdo y realizar una consulta ciudadana acerca de la conveniencia o no del mismo.

Villa Magdalena fue expropiada en 1996 por 3,1 millones cuando era propiedad de Asturcosa, -posteriormente Melandrera-, absorbida años después por Comamsa S.A. Una sentencia del Supremo de 2007 elevó el precio de la expropiación a los 11,2 millones, cantidad con la que tampoco estuvo de acuerdo la inmobiliaria propietaria del inmueble que exigió una retasación próxima a los 63 millones. El convenio entre el Consistorio y Comamsa busca ahora poner fin al largo proceso judicial por la expropiación de la biblioteca.