El Congreso aprueba un Decreto Ley para devolver a UGT el patrimonio incautado durante el franquismo

El Congreso aprueba un Decreto Ley para devolver a UGT el patrimonio incautado durante el franquismo

El Real Decreto Ley para la restitución del Patrimonio Sindical Histórico a la Unión General de Trabajadores, por valor de 151 millones de euros, ha salido adelante en el Congreso de los Diputados con la única oposición del Partido Popular e Izquierda Unida.

Los populares han hecho suyos los argumentos de CCOO, que  alegan que el Estado no puede otorgar a nadie como devolución del Patrimonio Sindical Histórico "lo que documentalmente no se puede acreditar como tal", para votar en contra.

El principal partido de la oposición ha tildado la medida como "un decretazo" del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Guerra entre UGT y CCOO por el patrimonio sindical

El secretario general de CCOO, José María Fidalgo, presentó ayer un documento sellado por la Secretaría del Consejo de Ministros en el que se afirmaba que "no queda acreditada suficientemente la incautación o vinculación" del patrimonio requisado a UGT en la Dictadura.

En una rueda de prensa, Fidalgo señaló que en este documento también se refleja que en las cuentas corrientes "queda sin poder determinarse la vinculación del titular de la cuenta con la organización sindical o no queda acreditada la incautación por no constar la ficha de desbloqueo".

Así, el secretario de CCOO desveló que su sindicato se puso en contacto con todos los partidos políticos para instarles a que "no apoyen" este Real Decreto Ley.

Según Fidalgo, "muchos de los grupos políticos desconocían el texto" revelado por CCOO, al tiempo que calificó este Real Decreto como "un atentado contra el derecho a la libertad sindical" por "pretender subsidiar de manera artera, con el erario público, a una organización sindical y no restituir un patrimonio cuya acreditación en la memoria justificativa pone en duda".

Fidalgo también pidió la creación de una Comisión Parlamentaria que estudie "fehacientemente tanto la titularidad del patrimonio histórico (edificios incautados), como la del patrimonio acumulado (el resultante de las cuotas pagadas por los trabajadores)".

Por ello, el dirigente sindical calificó esta iniciativa del Gobierno de "injustificada y reprobable" y señaló la preferencia de su sindicato porque "no haya que recurrir a litigios jurídicos" para resolver este asunto, por lo que recalcó la necesidad de que el Parlamento vote en contra de esta medida.

El secretario general dijo que la postura de su sindicato "no va en contra de UGT", al tiempo que afirmó que CCOO "no está litigando por obtener ninguna subvención", sino en luchar porque se cumpla la legalidad.

Fidalgo también se hizo eco de un informe solicitado por CCOO a la consultora PriceWaterhouseCoopers, que asegura que los argumentos utilizados por el Ejecutivo en la exposición de motivos del proyecto "no cumplen los requisitos para la utilización de este Real Decreto Ley".

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