Con la votación de esta tarde se da el "primer paso" para lograr una "nueva filosofía de trabajo" en las instituciones, según subrayó el consejero de Presidencia y Justicia del Gobierno de Cantabria, Vicente Mediavilla, durante la presentación del proyecto de ley.

Las modificaciones se aprobaron por tramitación directa y lectura única, de forma que no se presentaron enmiendas y el procedimiento ha sido más ágil. Mediavilla agradeció la colaboración de los grupos, mientras que desde la oposición, el diputado del PP Luis Carlos Albalá, mostró la disposición de su grupo al consenso en proyectos que sean positivos.

Con este paso, se adapta la legislación cántabra a Directiva de Servicios de la Unión Europea, y la denominada Ley Omnibus del Gobierno central.

En virtud de estos cambios, Cantabria contará con una ventanilla única para los procedimientos relacionados con las actividades de servicio, con lo que se persigue la integración efectiva de las distintas administraciones que prestan servicio a los ciudadanos para que éstos puedan acceder a los mismos de una manera mucho más ágil. Esta medida se concibe como un derecho ciudadano e incluye que pueda hacerse de forma electrónica.

Asimismo, se regulan aspectos como la autorización, declaración responsable y comunicación previa. Y a partir de ahora, se suprime la aportación de datos que obran en poder de la Administración, debiendo ser la propia Administración quien recabe estos documentos. Y se intentará que el silencio negativo de la Administración tienda a ser una excepción y sea sustituido por el silencio positivo.

El consejero incidió en que el Plan de Reducción de Cargas Administrativas en que trabaja su departamento, que se aprobará en breve en el Parlamento, supone la "ejecución práctica" de los principios recogidos en la Ley.

El citado plan prevé reducir las cargas administrativas en un 30%, lo que supondría un ahorro al tejido productivo cántabro de 180 millones de euros anuales; unos 3.000 euros al año para cada PYME de la región.

Desde el PSOE, la diputada Ruth Carrasco subrayó que con esta modificación se pretende lograr "menos papeleo, trámites más rápidos y más oportunidades", además situar al ciudadano "en el "centro de la Administración", combatiendo las "trabas desproporcionadas e injustificadas" con que encuentran ciudadanos y empresas en su relación con la Administración.

Carrasco aseveró que "la mejora de la regulación y la reducción de cargas administrativas van a ser elementos clave en la mejora de la competitividad, así como, en la reactivación de la economía". "Creo que nos encontramos en el momento en el que mayores cambios sustanciales y estructurales estamos incorporando a nuestra administración, con el fin de adaptarla a la realidad del siglo XXI, hacerla más eficaz y más centrada en el ciudadano", valoró.

Por su parte, la parlamentaria regionalista Alodia Blanco incidió en la "vocación de modernidad" de su partido, que ha trabajado en la "modernización de las infraestructuras", pero también en la de las instituciones o de la Administración de Justicia.

Asimismo, recordó la apuesta del PRC por la introducción de medios tecnológicos en la Administración, e incidió en que con las medidas de reducción de cargas administrativas se conseguirá "liberar" un 5% del PIB regional.

Finalmente, el 'popular' Luis Carlos Albalá, remarcó que esta propuesta tiene un "importante calado" en la modernización de la Administración, si bien precisó que se trata de un "pequeño paso" en el "largo y complejo camino" emprendido para lograr este objetivo.

Albalá mostró la disposición de su grupo a apoyar las iniciativas que impliquen mejoras legislativas, recordando que la aprobación de estos cambios era algo "necesario y obligatorio".LEY

La ley contempla que en los procedimientos de elaboración de las normas se incorpore un informe sobre mejora de la regulación, en el que se deberá justificar qué trámites se han reducido, qué procedimientos se han simplificado y qué cargas administrativas se han reducido.

Igualmente, se establece que se prestará la máxima atención al proceso de consulta pública en la elaboración de sus proyectos normativos, fomentando la participación de los interesados en las iniciativas normativas, con el objetivo de mejorar la calidad de las normas.

En el campo de la contratación pública se introducen modificaciones con las que se habilita al Gobierno para que cree un órgano independiente para la resolución de recursos en este ámbito.

Cada órgano de contratación deberá formalizar sus contratos, evitando la centralización en un único órgano como ocurre hasta ahora, lo que permite un reparto de tareas que permitirá una mejor gestión administrativa en este ámbito.