El PSE-EE y el PP votaron en contra de la iniciativa, que insta a las instituciones del Estado con competencia directa en las causas penales abiertas, a que pongan fin a los "procesos de persecución" contra "EHAK, LAB, Egunkaria y otras organizaciones ciudadanas, así como el macrosumario 18/98".

Derogación de la Ley de Partidos

En este sentido, se proclama que "la solución del conflicto entre Euskal Herria y el Estado español deberá venir por la vía del diálogo y la negociación".

El PSE-EE, en contra

Emilio Guevara (PSE-EE) replicó que "el problema no es que haya una Ley de Partidos que establezca causas de ilegalización sino que haya partidos que incurran en esas causas".

"Bajo ningún concepto vamos a derogar la Ley de Partidos, no vamos a pedir a la Policía que baje la guardia, ni a los jueces que prevariquen, ni vamos a pagar un precio político" por la paz, advirtió.

PP prefiere establecer exigencias a ETA

Por parte del PP, Leopoldo Barreda, reprochó a los grupos que sustentan el Gobierno Vasco el no haber incluido en la iniciativa ninguna exigencia a ETA. "Vienen tocando al son de Otegi contra la Ley de Partidos, contra la Justicia en demanda de la impunidad, en beneficio exclusivo de ETA-Batasuna", denunció.

Por su parte, Joseba Egibar (PNV) advirtió de que "un proceso de normalización política no se puede llevar adelante sin la participación de todos los sectores".

Unai Ziarreta (EA) dijo que se están profiriendo acusaciones contra partidos políticos, sindicatos o empresas de comunicación "sin la existencia de indicios racionales de criminalidad".

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