Precisamente, el departamento autonómico se refirió a los datos de la Dirección Xeral do Tesouro y de las diferentes habilitaciones provinciales, para asegurar que "hace un año" estos pagos "no estuvieron totalmente realizados hasta el día 16". En contraposición, actualmente, "el dinero llegó a las cuentas de los centros escolares los pasados miércoles y jueves".

Precisamente, la CIG-Ensino denunció que los centros comenzaron a tener problemas con los proveedores por la falta de pagos correspondientes al segundo trimestre y que, en varios casos, empezaron a tomar medidas como "sustituir, en determinados días, la comida por bocadillos". Esta situación afecta a los 296 centros de enseñanza gestionados directamente por la Consellería.

De este modo, la Xunta aclaró que los trámites administrativos, finalizados el pasado jueves, "ya se iniciaron el pasado 22 de febrero", por lo que censuró las "formas de presión en las que se utilizaron a los propios niños" llevadas a cabo con "claro signo e intencionalidad política".

Por otro lado y al contrario de las denuncias de los sindicatos CIG y CC.OO, la Consellería afirma que "no se cerrará ni un sólo comedor escolar" y garantiza que "todos los usuarios de los mismos seguirán siendo atendidos con los mismos criterios de calidad alimentaria".

Las organizaciones sindicales denunciaron la propuesta del departamento autonómico de fijar el ratio para comedores escolares en 25 usuarios, que estos ven "inaceptable" al suponer el cierre de este servicio en ocho centros del rural en las provincias de Lugo y Ourense.