La Agencia Tributaria y la BSA, unidas contra la piratería del software y el fraude fiscal

Olga SánchezNOTICIA22.11.2005 - 20:19h
La Agencia Tributaria y la polémica BSA (Business Software Alliance) han firmado un acuerdo para colaborar en la lucha contra la violación de la propiedad intelectual del software y el fraude fiscal en las empresas.
El acuerdo establece la creación de una comisión mixta, compuesta por representantes de ambas entidades, que tiene como fin estudiar diferentes medidas a tomar para mejorar la efectividad en la lucha contra la piratería de software y el fraude fiscal.

Las actuaciones derivadas de este acuerdo se enmarcan dentro del Plan de Prevención del Fraude Fiscal de la Agencia Tributaria.

"Contar con el respaldo de la Agencia Tributaria supone un importantísimo avance en nuestra lucha contra la piratería en las empresas" ha declarado Luis Frutos, presidente del Comité español de BSA.

La BSA es la principal organización internacional dedicada a perseguir el uso indebido de programas informáticos. Sus actuaciones suelen centrarse en las empresas, más que en particulares, y la sostienen las más importantes compañías informáticas como Microsoft, Apple, IBM, Intel, SAP o Adobe.

Forma además parte en España de la Mesa Antipiratería, que representa a la industria cultural y audiovisual de nuestro país en su lucha contra la infracción de los derechos de autor.

La BSA
ha sido objeto siempre de numerosas críticas, principalmente por definirse como una entidad sin ánimo de lucro cuando en realidad está defendiendo los intereses de un buen número de empresas y por sus métodos para localizar empresas infractoras (admite, por ejemplo,
denuncias anónimas que pueden facilitar venganzas personales).

Según el último estudio de IDC, el índice de piratería de software en España en 2004 fue del 43%, originándose pérdidas para el sector que ascendieron a 498 millones de euros.

Por otra parte, otro estudio de la consultora GfK estima que la piratería en el canal de distribución es del 41%, lo que significa que algo más que cuatro de cada diez comercios de este tipo vulneran la propiedad intelectual de las empresas fabricantes de software.

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