Ecologistas en Acción presentó ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León las demandas de los de los contenciosos interpuestos contra las autorizaciones ambientales que fueron otorgadas por la Junta a las tres centrales térmicas de la provincia de León.

La organización ecologista consideró que las autorizaciones concedidas en noviembre de 2008 a las centrales de Anllares y La Robla y en marzo de 2009 a la de Compostilla son "nulas de pleno derecho", al permitir la emisión de contaminantes tóxicos como el dióxido de azufre, los óxidos de nitrógeno y las partículas muy por encima de los límites legalmente establecidos.

En este sentido, explicó que con estas autorizaciones la Junta "sacrifica el derecho constitucional a la salud al interés económico de grandes empresas" como Endesa y Unión Fenosa, que tienen capacidad económica "sobrada" para hacerse cargo del coste de las instalaciones necesarias para reducir las emisiones de contaminantes tóxicos a los valores más bajos, asociados a las mejores técnicas disponibles.

Asimismo, señaló que la Administración autonómica ha permitido a las empresas eléctricas emisiones contaminantes de hasta ocho veces por encima de los límites legales establecidos para las centrales térmicas citadas por el Plan Nacional de Reducción de Emisiones de las Grandes Instalaciones de Combustión existentes y hasta 150 veces por encima de los valores de emisión asociados a las mejores técnicas disponibles publicadas por la Comisión Europea.

Al respecto, señaló que resulta "inadmisible" el "trato de favor" que se da al Grupo 1 de la central térmica de La Robla y al Grupo 2 de la de Compostilla, cuyos límites autorizados de dióxido de azufre, respectivamente 2.000 y de 2.300 miligramos por metro cúbico, multiplican por cinco el límite legal de 400 miligramos por metro cúbico.

En la Robla, donde se ha llegado en alguna ocasión a sobrepasar el umbral de alerta, se considerado como agravante el hecho de que la autorización concedida hace "caso omiso" a las recomendaciones del Plan de Mejora de la Calidad del Aire, planificación preceptiva que aún no existe en El Bierzo.

Espacios naturales.

Las concentraciones medias anuales de dióxido de azufre en el entorno de las tres centrales térmicas rebasan además el límite legal para la protección de la vegetación, por lo que afectan a espacios naturales protegidos como las Hoces de Vegacervera o los incluidos en la Red Natura 2000 Alto Sil y Sierra de Ancares, entre otros.

Además, concretó que a pesar de que la situación haya mejorado coyunturalmente en los 2008 y 2009 por la caída del consumo y el aumento de la producción eólica, hidráulica y solar, las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) se han rebasado.

Por otra parte, argumentó que en las autorizaciones ambientales de Anllares y La Robla se reduce el número de estaciones de control de la contaminación existentes, que funcionan desde los años 80, lo que empeorará el conocimiento de los efectos de la contaminación atmosférica emitida por estas centrales.

Ecologistas en Acción insistió en que las citadas autorizaciones ambientales no han tenido en cuenta el deterioro del medio ambiente ni la incidencia que producen las emisiones en la salud humana de forma efectiva y no sólo potencial con las emisiones de las centrales térmicas de la provincia.

Por todas estas cuestiones, la organización ha solicitado al TSJ que declare nulas, anulables o contrarias a derecho las autorizaciones ambientales concedidas a las empresas Endesa y Unión Fenosa para la explotación de las centrales térmicas de Compostilla, Anllares y La Robla.