"En pocos días podremos conocer la fecha exacta puesto que aún estamos esperando informes del Consejo General del Poder Judicial, aunque nuestras previsiones son para mediados o finales de septiembre", indicó Hernández, quien agregó que el despliegue de la Oficina Judicial de Ciudad Real afectará a todas las jurisdicciones excepto a la Audiencia Provincial.

Así, se verán afectados por este proceso un total de 157 profesionales -entre secretarios judiciales y funcionarios- de seis juzgados de Instrucción y Primera Instancia, tres de lo Penal, tres de lo Social, uno de Contencioso-Administrativo, uno de Vigilancia Penitenciaria y uno de Menores.

"Es un proceso complejo en el que hay que tener en cuenta numerosos factores. Por eso desde el Ministerio de Justicia estamos elaborando planes de riesgo para tratar de solventar las dificultades que pudieran aparecer. No obstante, la reforma de la justicia es una carrera inaplazable que exige nuestro mayor esfuerzo, pero también la implicación de todos los colectivos implicados" apostilló la directora general de Relaciones con la Administración de la Justicia.

Reuniones en este sentido, la visita de Caridad Hernández a Ciudad Real ha incluido numerosas reuniones con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, los representantes de la Fiscalía en la región, magistrados, secretarios judiciales, la Junta de Personal de los juzgados ciudarrealeños, el Colegio de Abogados y el de Graduados Sociales de la provincia, el Ayuntamiento de Ciudad Real y la Subdelegación en la provincia, además de con el director general de Justicia de Castilla-La Mancha para informarles sobre la situación del proceso "y, sobre todo, conocer sus inquietudes porque es un proceso abierto, participativo y transparente".

Asimismo, en las reuniones ha presentado el plan de comunicación que se pondrá en marcha en las próximas semanas para que los ciudadanos sepan qué se está haciendo y qué va a suponer para ellos este cambio organizativo. En concreto, la campaña incluirá folletos desplegables, la presentación del logotipo de la nueva Oficina Judicial, cartelería, una guía y quioscos audiovisuales que se instalarán en las sedes judiciales.

"Es una campaña sencilla porque estamos en un contexto de crisis y los recursos deben ser muy bien administrados", apuntó la directora general de Relaciones con la Administración de la Justicia, quien agregó que también se desarrollará un plan de sensibilización para implicar a todos los profesionales en este proceso y que incluirá la difusión de manuales de formación en los que se contemplan las reformas procesales que entrarán en vigor el 4 de mayo, lo relativo a las oficinas judiciales y al nuevo programa "Minerva NOJ" que se usará a partir de esa fecha.

"Este proceso de reforma exige un cambio formativo para adaptarse al nuevo modelo que ya estamos aplicando a través del plan de formación de los secretarios judiciales -que afecta a más de 4.000 personas- y que se está desarrollando en El Escorial, y el plan para los funcionarios dependientes del Ministerio de Justicia -unos 10.000- que ya están realizando cursos con resultados razonablemente satisfactorios. En total, se van a destinar 2,6 millones de euros a acciones formativas", agregó.

El desarrollo de un plan de apoyo a la ejecución de resoluciones judiciales en las 8 ciudades en las que se implantarán las oficinas judiciales; o la programación de nuevas unidades judiciales -de las que ocho serán este año para Castilla-La Mancha, incluyendo dos jueces de adscripción territorial al TSJCL- son otras de las actuaciones que está desarrollando el Ministerio de Justicia.