La CIG denunció hoy que el despido de los 24 trabajadores del Centro de Información ao Agro Galego (CIAG), que a través del teléfono 012 recoge avisos en materia de identificación ganadera, lengua azul y daños generados por temporales o fauna salvaje, ha generado la interrupción de este servicio y advirtió de que su "pérdida de calidad" provocará la realización de quemas sin permiso y problemas sanitarios, entre otros.

Así lo avisó el secretario de Servizos del sindicato nacionalista, Paulo Rubido, quien atribuyó los despidos a la decisión de la Xunta de evitar hacer "fijos" a los empleados, de los que recordó que en algunos casos contaban con hasta ocho años de experiencia.

El sindicalista acusó, además, a la Administración gallega de incumplir la legislación por considerar que ha recurrido al procedimiento de urgencia para la adjudicación "a dedo" de este servicio a la empresa de telemarketing GSS.

En esta línea, vinculó el despido de los operadores codificadores del CIAG a la "loca carrera de privatización" promovida por el Ejecutivo autonómico. "Nos van a privatizar hasta a la Policía Nacional", ironizó, tras tachar de "chapuza" esta decisión y criticar el "desmantelamiento enfermizo del PP" de los servicios públicos.

Sobre esta cuestión, aseguró que la Xunta se "encontrará" con la "oposición" de la CIG a la "ola de desmantelamientos de servicios públicos" y no únicamente por la vía judicial.

En este punto, señaló que el sindicato iniciará la tramitación de demandas por despido y participará en una manifestación prevista el día 25 en defensa de los servicios públicos.

Trabajo "impecable"

Por su parte, la presidenta del comité de A Coruña de la empresa pública Servicios Agrarios Galegos (Seaga), María Rodinho, manifestó que los operadores, contratados a través de Seaga, venían realizando "de manera impecable" su labor, pese a prestar este servicio "bajo mínimos".

Según afirmaron a los periodistas los propios afectados, eran 14 los trabajadores que atendían una media de 300 llamadas diarias por persona en jornadas de 8,5 horas y por un sueldo igual o inferior a los 1.000 euros.

Asimismo, aseguraron que la nueva adjudicataria del servicio ha excluido "expresamente" a los profesionales contratados por Seaga del proceso de selección de personal para desarrollar este servicio.

Rodinho denunció que, tras reducirse un 30 por ciento la plantilla el 1 de enero de este año, el 18 de marzo los empleados del CIAG recibieron los preavisos de despido. También aseguró que desde el 31 de marzo los veterinarios que realizan la identificación y saneamiento del ganado han dejado de recibir avisos de productores agropecuarios.

Retrasos en la identificación animal

Sobre esta cuestión, uno de los delegados del comité de Seaga en A Coruña, Quirino Pisonero, explicó que los veterinarios han pasado de tener entre 15 y 20 avisos diarios que atender a ninguno y destacó el perjuicio causado a los productores agropecuarios, tanto desde la perspectiva del gasto en teléfono como de la pérdida de tiempo.

En esta línea, estimó que llegan a pasar tres o cuatro días sin que se les coja el teléfono y emplazó a los usuarios a que prueben y llamen al 012 o al 902 112 000 para comprobar esta situación. A su juicio, el dinero gastado por las esperas de entre 15 y 20 minutos que han de soportar ahora los ganaderos se podría pagar al colectivo veterinario "un año entero".

También lamentó que el sistema disminuya en calidad porque, a su entender, la reducción de las encomiendas provocará una "pérdida de calidad" del servicio de identificación bovina, ovina y caprina.

Así, afirmó que a raíz del despido de los 24 empleados del CIAG los animales que antes vendrían identificándose cada "ocho o diez días" en la actualidad se atienden cada "mes o mes y medio".

Eliminación del servicio de identificación ganadera

A este respecto, Rubido interpretó que, con la interrupción del funcionamiento del CIAG, la Xunta está utilizando un mecanismo para "desprenderse" del servicio de identificación ganadera y aseguró que no existen "garantías" de que "mañana no se lo carguen".

Sobre esta cuestión, Pisonero explicó que los 87 veterinarios contratados por Seaga se encuentran en una situación de "incertidumbre" tras haber terminado el 31 de marzo su relación laboral con la empresa pública.

La firma comunicó a estos profesionales, según señaló, que en diez o 15 días les informarán de su situación después de finalizar su ampliación de encomienda y contrato con Seaga.

Pisonero recordó que los veterinarios comenzaron trabajando en 1998 como autónomos para la Xunta, hasta que en 2006 pasaron a tener un contrato mercantil con Tragsega y en 2008 con Seaga.