El juicio, previsto para la mañana de hoy con jurado popular, no llegó por fin a celebrarse, aunque lo tardío del acuerdo, al que las partes no llegaron hasta la tarde ayer (y que el acusado ratificó hoy frente a la magistrada) hizo que el jurado, compuesto por siete mujeres y dos hombres, llegara a constituirse.

El fiscal, Juan Calparsoro, valoró, a la hora de cerrar el acuerdo, el hecho de que el acusado reconociera los hechos. No obstante, explicó ante los medios de comunicación que lo había hecho "motivado por las pruebas", no por arrepentimiento, y por eso no se le había aplicado atenuante.

J.M.A, al que acusación particular y fiscal le imputaban un delito de asesinato y otro de allanamiento de morada reconoció un delito de homicidio y mantuvo el de allanamiento. Este cambio fue el que hizo que la pena se rebajara de los 29 años que pedía la acusación particular, y los 24 de la Fiscalía, a trece.

Además, deberá indemnizar con 30.000 euros a cada uno de los dos hermanos de la fallecida. En este sentido, la abogada de la acusación particular solicitó al acusado que pidiera perdón a la familia de su víctima o, de otro modo, aunque se sentían satisfechos con el acuerdo, se les quedaría una "espina", sobre todo a su hermana, quien había criado a la fallecida.

Calparsoro, por su parte, quiso disculpar, ante el jurado, el hecho de que el acuerdo no se hubiera cerrado antes de llegar a constituirlo. Les explicó que el procedimiento había sido "muy complejo", y la investigación de la Guardia Civil había sido "dura" para poder contar con las pruebas suficientes.

Por fin, el ADN del acusado, encontrado en la víctima, había sido determinante y a acusación pública y particular le había dejado clara la autoría. La abogada particular, incluso, relató cómo el día anterior al hecho la víctima le había llamado por teléfono transmitiéndole el temor en el que vivía.

Incluso, una vez consumado el delito, explicó que había solicitado al Colegio de Abogados liberarse del secreto profesional para poder colaborar en la investigación. El acuerdo alcanzado, señaló, "puede parecer insuficiente", sin embargo, alegó que si la familia lo acepta, como así lo hace, ella no tenía "nada que objetar".

En este sentido, Calparsoro explicó, en declaraciones posteriores al acto de acuerdo ante los medios de comunicación, que la máxima pena de cárcel que se puede cumplir es de veinte años; y que el acusado, aún, tiene pendiente un juicio, que se celebrará "en breve", como presunto autor de un delito de violación cometido en Logroño el mismo año que el homicidio de Galilea (2007).

Sumó, a esto, que las peticiones provisionales siempre son "elevadas" con el fin de tener margen de negociación. Por su parte, el abogado de la defensa, Carmelo Irazola, señaló que, siempre que hay conformidad, las penas que se solicitaban son objeto de modificación.

Preguntado acerca de si la composición del jurado, en su mayoría mujeres, había servido para que el acusado se decantara por un acuerdo afirmó que ni éste se lo había "manifestado", ni él personalmente, así lo entendía. Añadió que los miembros del jurado se eligen por su imparcialidad.

El acusado, por último, aportó el Fiscal, fue condenado por un delito de violación cometido en Tolosa; y por otro de conducción bajo los efectos del alcohol.

Homicidio y allanamiento

Según reconoció hoy el acusado, J.M.A., durante la madrugada del 27 de mayo de 2007, se dirigió desde Logroño a la casa de su propiedad en Galilea provisto de un cuchillo. Entró en la vivienda y se mantuvo en ella pese a la voluntad contraria de la víctima. En ella, le asestó varias cuchilladas, ocasionándole la muerte.

La acusación particular añadía al delito de asesinato el ensañamiento; y el fiscal la alevosía. Ambos fueron eliminados en el acuerdo. Además del delito de cárcel, el acusado aceptó quince años de alejamiento de Galilea y de la familia.