El coste que podría suponer para el Estado el cierre del diario Egunkaria, clausurado en 2003 por orden del juez Juan del Olmo, podría ascender a 60 millones de euros, según la asociación Dignidad y Justicia, que ha señalado que ese dinero servirá para financiar el entorno de ETA.

Así lo ha explicadoel presidente de esta asociación, Daniel Portero, ante la posibilidad de que los cinco directivos del diario -Martxelo Otamendi, Ignacio María Uria, Juan María Torrealdai, José María Auzmendi y Javier Oleaga-, absueltos este lunes por la Audiencia Nacional de pertenecer a ETA, exijan responsabilidad patrimonial por el cierre del periódico y sus detenciones.

Portero ha precisado además que la sentencia dictada por la sección primera de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional "parece a priori bastante recurrible" -algo que los propios absueltos ya esperaban- porque contiene una serie de "fallos y errores" y una base jurídica "poco justificada", aunque ha señalado que aún están estudiando si recurrirla al Tribunal Supremo, algo que tendrán que anunciar en el plazo de cinco días.

El tribunal sostiene que el diario Egunkaria no sirvió de instrumento a ETA ni fue un "soporte de actividad criminal alguna", al tiempo que considera que su cierre no tenía "habilitación" ni "cobertura constitucional" y carecía de una "norma legal especial y expresa que lo autorizara".

Los cinco acusados se enfrentaban a penas de entre 12 y 14 años de prisión que solicitaban las acusaciones populares ejercidas por Dignidad y Justicia y la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), no así Fiscalía, que no presentó acusación al sostener que el periódico no estaba subordinado a la banda armada.

Sin embargo, las dos asociaciones han señalado que la absolución es un "duro golpe" a la lucha contra el terrorismo y han insistido en que el diario "formaba parte del entramado de ETA".